La Comisión de Derechos Civiles señala que la principal causa fue la sobredosis de drogas con sustancias como fentanilo, xilazina y cocaína.

La Comisión de Derechos Civiles (CDC) calificó como “alarmante” el aumento de muertes de confinados en Puerto Rico tras una investigación que documentó 726 decesos en las cárceles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) entre 2011 y 2024.

El informe, divulgado el lunes, destaca que las muertes en las instituciones correccionales han ido en aumento, alcanzando 80 casos anuales en 2021, 2022 y 2023. Según el director de la CDC, Ever Padilla Ruiz, muchas de estas muertes pudieron haberse evitado y son consecuencia de fallas estructurales dentro del sistema carcelario.

“La principal causa de muerte fue la sobredosis de drogas, con sustancias como fentanilo, xilazina y cocaína como las más detectadas. Esto expone una crisis dentro de las cárceles, donde el control de sustancias ilegales debería ser absoluto”, sostuvo Padilla Ruiz en declaraciones escritas.

El informe también señala que la sepsis, una condición médica que puede derivarse de negligencia en la atención de salud, fue la segunda causa de muerte más frecuente. Además, se documentaron decesos por homicidios, enfermedades infecciosas y síndrome de abstinencia.

Entre las preocupaciones destacadas está el aumento de muertes en la población sumariada, es decir, personas que fallecieron en prisión sin que se hubiera probado su culpabilidad en un tribunal. “Esto plantea serias dudas sobre la equidad y efectividad del sistema de justicia criminal”, añadió el director de la CDC.

El análisis comparativo con otras jurisdicciones reveló que, aunque Puerto Rico ocupa la posición 35 en población correccional, está en la posición 25 en cantidad de muertes en prisión, una disparidad que, según la CDC, evidencia deficiencias en la administración carcelaria.

Otro de los hallazgos más preocupantes es el uso de Narcan, medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides, en las cárceles del país.

“La mayor cantidad de incidentes con Narcan se reportó en una institución de máxima seguridad, lo que confirma que el tráfico de drogas dentro del sistema correccional sigue siendo un problema grave”, indicó el informe.

El acceso limitado a servicios médicos adecuados fue otro aspecto señalado.

“Es inaceptable que, con un presupuesto promedio de casi $13 millones anuales, los confinados no tengan acceso oportuno a atención médica y que la supervisión de aquellos con condiciones de salud mental sea insuficiente”, afirmó Padilla Ruiz.

A pesar de que la población carcelaria ha disminuido de 11,860 reos en 2012 a 7,374 en 2024, las muertes continúan en aumento.

“El encarcelamiento no suspende los derechos constitucionales de las personas. El DCR tiene la responsabilidad de garantizar condiciones dignas y seguras para los confinados”, enfatizó el funcionario.

La CDC recomendó la creación de un comité interagencial entre el DCR, el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para mejorar la recopilación y transparencia de datos sobre muertes en prisión. Además, exhortó a tratar las adicciones como un problema de salud pública en lugar de enfocarse únicamente en medidas punitivas.

“El sistema correccional en Puerto Rico se aleja cada vez más de su mandato constitucional de rehabilitación. Es urgente que se tomen medidas inmediatas para corregir esta crisis”, concluyó Padilla Ruiz.