La agencia le había impuesto una multa al restaurante, pero la tuvo más de dos años sin darle seguimiento.

Poco más de dos años después de que le notificaron una multa al restaurante Bottles, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) finalmente le dio seguimiento pidiéndole al tribunal que ordene el pago de la misma porque la gerencia del establecimiento nunca contestó la notificación de multa.

Se trata de una multa de $1,000 impuesta en julio de 2022, tras investigación y determinación por parte de un inspector de la agencia.

Al momento de la multa, el restaurante estaba a cargo de Richard Gonsalves Hodous a través de la empresa Kindred Spirits, Inc. (KSI), quien rechazó públicamente, incluso en el foro legislativo que el cargo por servicio que cobra en su restaurante fuera ilegal. El mismo puede ser de hasta 18% del total del consumo.

Pero hoy, el establecimiento tiene dueño nuevo, BRG Management LLC (BRG), después de una transacción en noviembre del año pasado.

“A pesar de DACO haber concedido un término razonable en la Resolución Sumaria para el cumplimiento de la misma, nuestros récords demuestran que la orden no ha sido cumplida”, dijo la agencia en su petición al tribunal del 4 de febrero, sin abundar en por qué no habían recurrido antes para hacer valer la multa.

La multa se basa en una regla en el Reglamento 9158 sobre prácticas comerciales que “es clara y prohíbe expresamente gravar con cargos adicionales separados del precio aquellos servicios básicos accesorios, que no sean operacionales, y que resulten necesarios para que el consumidor reciba el bien o servicio ofrecido por la parte infractora”, según la resolución de la agencia de 2022. También, se basa en la Ley 209 de 2016, en la que se prohíbe “que los establecimientos comerciales dedicados a la venta de comida y/o bebidas alcohólicas cobren cargos separados del precio del servicio básico que ofrece, a menos que se trate de un servicio requerido por el cliente”.

Los cargos por servicio en restaurantes están otra vez en discusión pública por el Proyecto del Senado 235, de la senadora penepé Nitza Morán Trinidad, mediante el que, entre otras cosas, se regularizaría la imposición de cargos por servicio, a la vez que se prohibirían los mismos “cuando éstos sean inexistentes o no puedan corroborarse por el consumidor”.

Tanto el dueño anterior de Bottles, como el actual, están también pendientes de un pleito de clase en el que meseros actuales y pasados del restaurante reclaman los salarios que les deben porque no se le pagaba salario sino solo una comisión que sale de una parte del cargo por servicio. La otra parte del cargo, la gerencia se queda con ella. En ese caso federal, hay vista la semana que viene sobre la posibilidad de incluir a la nueva gerencia como demandada y por una petición de los meseros para retener ingresos relativos a la venta del restaurante para así asegurar el pago de cualquier sentencia que pueda ocurrir al final del pleito.

Vea:

Exdueño de Bottles pone distancia a la amenaza a representante de meseros