Auditorías de la Oficina del Contralor Electoral revelan que, para el plebiscito de 2020, la estadidad fue la opción que más inversión política recibió.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) fue la colectividad que más dinero invirtió en el plebiscito de 2020 y la estadidad, la opción que defendían y que resultó ganadora, fue la que más se benefició de dinero a través de comités de acción política (CAP), según la información en las auditorías de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Dependiendo de su configuración, estos grupos pueden hacer aportaciones directas a partidos y candidatos, o pueden invertir en campaña a favor o en contra de un candidato, propuesta o alternativas de status, como en el caso de los plebiscitos.

En el plebiscito de 2020 llevado a cabo el mismo día de las elecciones generales el Sí a favor de la estadidad obtuvo el 52.52% del voto.

Entre los comités examinados por la OCE hasta ahora, Equal Right Access for Educational Leadership Alliance, Inc. (ERA-ELA), invirtió $1,805,722.64 en pautas de medios de comunicación a favor del Sí. El grupo fue registrado el 12 de agosto de 2020 y lo preside José Fuentes Agostini, un exsecretario de Justicia bajo el PNP que ha hecho carrera fuera de Puerto Rico como cabildero republicano y portavoz hispano del expresidente Donald Trump. No hay ingresos desglosados para ERA-ELA, por lo que no se conoce la procedencia de sus fondos.

En contraste, el grupo Vamos Concertación Ciudadana, que hizo campaña por la opción del No, aparece en su auditoría con $58,885.21 en gastos de medios y con $103,453.08 de balance final, por lo que se desprende que tenía dinero recogido antes del periodo de la auditoría (el 2020). El grupo fue registrado en la OCE el 30 de octubre de 2020 por el educador Justo Méndez Aramburu como presidente y Francisco Santiago Cintrón como tesorero. El profesor universitario, Carlos Severino Valdés, es el vicepresidente, según el registro corporativo.

El Comité Igualdad Futuro Seguro también hizo pautas a favor de la estadidad y reportó $7,169.99 en gastos. Lo preside Annabel Guillén Casañas, exjefa de la oficina de la exprimera dama Margarita Nevares, y el tesorero es Clyde Fasick. El exsecretario general del PNP, Héctor Morales Vargas es uno de sus incorporadores y el desarrollador Federico Stubbe Arsuaga es uno de sus donantes principales.

Para el plebiscito, el PNP reportó haber gastado $116,302, el Partido Popular Democrático (PPD) $28,875 y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) $87,870. «El Comité SPT realizó gastos de campaña durante el 2020 por $195,000 en contra de la aspirante a la gobernación Wanda Vázquez Garced y $800,000 para apoyar al Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y sus candidatos», consigna la auditoría. MVC y su candidata, Alexandra Lúgaro Aponte, no recurrieron a financiamiento público de sus campañas y son los que menos dinero levantaron en la papeleta de la gobernación.

Fuera del plebiscito, otro grupo con inversión considerable en el ciclo electoral de 2020 fue el Comité SPT, que maneja las inversiones políticas del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y la Service Employees International Union. La auditoría indica que tuvieron gastos por $1,198,414.78 y quedaron con un balance a fin de año de $101,223.35. El comité fue registrado en la OCE el 10 de junio de 2020 por el líder sindical Roberto Pagán Rodríguez como su presidente, Karen de León Otaño como tesorera y Mariceli González Morales como subtesorera.

También, el Comité Puerto Rico Mejor Futuro, que hizo campaña a favor del candidato a la gobernación del PPD, Carlos Delgado Altieri, y la candidata a San Juan del mismo partido, Rossana López. En la auditoría se consignan gastos por $667,614.06 y recibieron una multa de $29,166.48 (reducida a $2,916.64) por el pago tardío de una valla publicitaria.

El grupo fue registrado el 15 de septiembre de 2020 ante la OCE por Víctor D. Candelario Vega como presidente y Edwin Quiñones Rivera como tesorero. Ambos son abogados del bufete Quiñones, Arbona & Candelario y tienen trayectoria de consultoría y distintas designaciones bajo gobiernos del PPD.

Sin embargo, récords de financiamiento electoral tanto en Puerto Rico como en Washington DC indican que el principal aportador del comité es la Laborers’ International Union of North America (LIUNA), que está haciendo trabajo político desde la Administración Rosselló Nevares a través de su exdirector de campaña, Elías Sánchez Sifonte, y que impulsan el establecimiento de un salario mínimo de $15 la hora en el sector de la construcción.

Otros CAP con actividad registrada en la OCE durante el ciclo electoral 2020 fueron Puerto Rico Adelante y Renovación Estadista.

El primero es el mecanismo a través del cual el bufete McConnell Valdés canaliza donativos de sus abogados y los beneficiarios son candidatos del PPD y el PNP. Tuvieron ingresos por $78,362.06 y gastos por $44,500. El presidente es socio gerente del bufete, Arturo J. García Solá y los tesoreros durante el período de auditoría de la OCE fueron Luis G. Hidalgo Ramírez y Marcos Rodríguez Ema, exsecretario de la Gobernación del exgobernador, Luis Fortuño.

El segundo lo registró el 20 de octubre de 2020 su presidente William A. Vélez Santiago con Rocío E. Fermín Rodríguez como tesorera. Tuvieron ingresos de $1,001.33 y gastos por $444.78 en promover votación en el plebiscito y la campaña «Tomás No Más» que buscaba restarle votos al expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Para ver las auditorías de estos grupos, pulse aquí.

Vea:

Lúgaro aprendió de sus errores en la campaña de 2016

Bhatia y Yulín reciben multas por fallas en el financiamiento de sus campañas primaristas

Recaudos de campaña de Vázquez Garced plagados de errores, le imponen multas y devoluciones