Argumentaron que la Junta de Supervisión se ha excedido en sus actuaciones con los municipios y que estos ni siquiera se supone que estén incluidos en la quiebra del gobierno.

Cinco congresistas encabezados por la puertorriqueña Nydia Velázquez Serrano pidieron al Tribunal de Quiebras que conceda la solicitud de la Liga de Ciudades para que se liberen unos $340 millones que obran en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y que los municipios alegan que son retenciones ilegales ordenadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“En Puerto Rico, los servicios esenciales los ofrecen, primero y por encima de lo demás, los municipios y, como tal, deben ser considerados proveedores de servicios esenciales y ser liberados de las medidas de austeridad que la Junta de Supervisión ha impuesto unilateralmente porque las mismas impiden la prestación de dichos servicios esenciales”, plantea el escrito de ‘amigo de la corte’ que sometieron los congresistas Velázquez Serrano, Alexandria Ocasio Cortéz, Raúl Grijalva, Jesús “Chuy” García y Richie Torres.

Todos los congresistas comparecientes son demócratas y, en particular, Torres ha expuesto su preferencia por la estadidad como alternativa de estatus para la isla.

Los municipios ya perdieron una batalla cuando la jueza Laura Taylor Swain declaró nula la Ley 29 con la que se relevaba a los municipios de pagos al gobierno central relacionados con servicios de salud y pensiones. En la demanda en la que comparecen los congresistas, la Liga de Ciudades sostiene que es ilegal la retención de fondos del CRIM ordenada por la Junta y que se acumularon durante el período en que, según los demandantes, la Ley 29 tuvo vigencia.

Los problemas de los municipios dentro del caso de quiebra del gobierno comenzaron desde el mismo primer Plan Fiscal que aprobó la Administración Rosselló Nevares, cuando inició la eliminación escalonada del Fondo de Redención que se nutre de una parte de impuestos sobre la propiedad y otra parte del Impuesto sobre las Ventas y Uso. “El Fondo de Redención es la fuente de ingreso más grande para los municipios de Puerto Rico y su eliminación convierte en inviables a 43 de ellos”, afirmaron en el escrito preparado por el licenciado Jaime Sanabria Montañez, del bufete ECIJA/SBGB.

Los congresistas sostuvieron que residentes de los municipios han emigrado a sus distritos en los estados debido a las medidas de austeridad. Un estudio de la Liga precisó que los municipios más afectados están en la región montañosa central, el oeste y el sureste. La población afectada, añaden, es 20% menores de 17 años, más de la mitad mujeres, más de la mitad bajo el nivel de pobreza, 16% tienen algún tipo de diversidad funcional y el salario promedio es de menos de $18,000 anuales.

“Más aún, al ordenar ilegalmente que el CRIM retenga o desvíe fondos públicos que le pertenecen a otra entidad y a sus comunidades, la Junta de Supervisión está extralimitándose en su poder de manera dañina, caprichosa y arbitraria, ignorando la política pública y leyes del Gobierno de Puerto Rico y el rol fiduciario legal del CRIM”, argumentan.

Al proponer que los municipios no deben ser “entidades cubiertas” en el caso de quiebras del gobierno, los congresistas opinaron que la Ley PROMESA no le confiere a la Junta poder específico sobre los alcaldes y las legislaturas municipales, que son un poder político electo democráticamente separado del gobierno central. “Y, desde el punto de vista práctico, la Junta de Supervisión no fue diseñada para crear, implantar y monitorear 78 planes fiscales y supervisar finanzas municipales, lo que puede ser una tarea titánica”, subrayaron.

“Aunque la Junta de Supervisión reclama que no quiere eliminar municipios, sus acciones están lográndolo indirectamente ya que solo los municipios más fuertes y solventes sobrevivirán, eliminando así los que no pueden capear el impacto de la imposición de medidas fiscales unilaterales por parte de la Junta”, concluyeron.

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