La exsecretaria de Educación, Julia Keleher, solicitó declararse culpable en una transacción que dispondría de las dos acusaciones en su contra.

La exsecretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher, quien enfrentaba dos acusaciones de parte de un gran jurado federal informó hoy su decisión de declararse culpable mediante un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que dispondría de ambos casos.

“[L]a acusada y el gobierno han llegado a un acuerdo negociado que resolvería los dos casos pendientes en su contra. La alegación negociada requiere que la acusada se declare culpable a una denuncia que será radicada por el gobierno”, indican los abogados de Keleher, encabezados por la exfiscal federal María Domínguez Victoriano, en una moción escueta acompañada por otros documentos procesales en los que se da cuenta que la exfuncionaria no vendría a Puerto Rico para la vista de alegación de culpa sino que renunció a su derecho a estar presente.

A la hora de publicación de esta nota, la denuncia aludida no había sido radicada, por lo que se desconoce exactamente por cuál delito se estaría declarando culpable. Una fuente indicó que la expectativa es que el acuerdo implique que Keleher sirva seis meses de cárcel y que, por lo menos de inmediato, no conlleve cooperación de la exfuncionaria con el gobierno para procesar a otras personas.

Keleher es la tercera acusada que se declara culpable tras un acuerdo con la fiscalía. Antes lo habían hecho las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza. Al momento de la alegación de culpa, los casos tenían pendientes varias mociones radicadas por distintos acusados que impugnaban la legalidad de los pliegos acusatorios.

Específicamente, la fiscalía federal tenía hasta el lunes para contestar cómo el primer caso presentado, y que involucra esquemas de fraude con la firma de contabilidad BDO Puerto Rico así como hechos relativos a la Administración de Seguros de Salud (ASES), se afectaba con la nueva política institucional del Departamento de Justicia federal sobre la definición de “propiedad” de una agencia gubernamental que va a plicar en los casos de fraude electrónico por transmisión de dicha información a partes fuera de la agencia.

El desarrollo ocurrió apenas en abril en el caso de Blaszczak v. United States, que el Tribunal Supremo había ordenado que un tribunal de apelaciones revisara pero en el que Justicia federal, sorpresivamente, decidió desestimar los cargos y anunciar la nueva regla. “[E]n un caso que involucre información confidencial del gobierno, esa información típicamente tiene que tener valor económico en las manos de la agencia de gobierno concernida para que constituya la ‘propiedad’ (a la que se alude en el delito de fraude electrónico)”, dice la nueva regla.

En su primera acusación, presentada en 2019 y luego enmendada para cambiarla sustancialmente, Keleher enfrentaba la alegación de que había dado a personas fuera de la agencia una lista de maestros. Su defensa había argumentado que la información ni siquiera constituía información “confidencial” bajo la ley de Puerto Rico.

En el segundo caso, presentado en 2020 y también cubierto en la negociación, Keleher no enfrentaba alegación sobre información “confidencial”. Ese pliego le imputaba realizar un acto oficial como Secretaria a favor del desarrollador del complejo donde compró un apartamento a cambio de consideraciones económicas en esa transacción de inmueble.

En una moción del 15 de abril, otro acusado, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Aníbal Jover Pagés había aguijoneado a la fiscalía por no plantear rápida y directamente cómo la nueva regla afectaba el caso. Jover Pagés le pidió al tribunal que obligara a la fiscalía a plantear su postura antes de que siguieran intercambiándose escritos en las mociones de desestimación pendientes. El plazo del lunes para que la fiscalía presente su postura responde a esta solicitud.

Aunque Keleher optó por llegar a un acuerdo con fiscalía, no necesariamente habría acuerdos de los demás acusados, algunos de los cuales, como Jover Pagés, esperan que las acusaciones en su contra se desmoronen bajo la nueva regla.

La acusación contra Keleher el 10 de julio de 2019 fue uno de los eventos que marcaron las protestas del Verano de 2019 que resultaron en la renuncia del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares. Junto con Keleher y las hermanas Ponce Mendoza, fueron acusados la exdirectora de ASES, Ángela Ávila Marrero; el expresidente de la firma BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet; y el consultor contratista, Alberto Velázquez Piñol. Luego, se añadió a Jover Pagés. En el segundo caso, el coacusado es Ariel Gutiérrez Rodríguez.

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