Según la Oficina del Inspector General.

Sábado. Familiares de pacientes llegan a cuentagotas al Hospital de Veteranos de Puerto Rico (VA Caribbean Healthcare System, en ingles), la instalación medica federal más grande en la Isla y que atiende a unas 62,974 personas.

Esa cifra data del año fiscal del 2017, tiempo en que, además de registrarse el paso del huracán María, la falta de comunicación entre personal de la propia institución creó un efecto dominó de incumplimiento, resultando en querellas y cuestionamientos de más de una cincuentena de pacientes de cáncer.

Pasadas las dos de la tarde, las salas de espera están desoladas, mientras en las afueras aún se llevan a cabo reparaciones y modificaciones cosmeticas a la entrada principal. En la cafetería, tres empleados sirven cafe a los familiares que allí se acercan. En su mayoría, son personas de la tercera edad que no interesan hablar para record sobre el trato recibido en la institución o si conocen sobre los señalamientos que ha enfrentado el hospital. Una querella fechada del 30 de noviembre de 2017 afirmó que un paciente de cáncer anal murió debido al mal cuidado y a la combinación tóxica de quimioterapia y terapia de radiación recibida en el hospital.

Asimismo, otros 55 pacientes de cáncer alegaron falta de diagnóstico, retraso en el diagnóstico y tratamiento, muerte evitable y otros problemas de calidad de la atención recibida.

De acuerdo a una investigación encabezada por la Oficina del Inspector General de los Asuntos del Veterano (OIGVA), en efecto, personal del hospital falló en monitorear el estado de salud del paciente de cáncer anal, de unos 80 años, su progresión y las modificaciones necesarias para su cuidado óptimo.

No obstante, aunque el paciente murió bajo el cuidado del hospital y pese a que la inspección abarcadora de la OIGVA hizo al menos siete recomendaciones –algunas inmediatas y otras a largo plazo– para que la entidad regrese al camino del cumplimiento, no se encontró prueba suficiente para adjudicar el fallecimiento del paciente a estas fallas específicamente.

Las alegaciones apuntaron al personal de oncología medica, oncología de radiación y el Centro de Vida Comunitaria (CLC), por no monitorear los niveles de toxicidad en el cuerpo del paciente de forma adecuada. Según el recuento, el fallecido era paciente del hospital desde el 2007, pero a principios de 2017 comenzó tratamientos con radiación y quimioterapia. Al 31er día, una enfermera práctica con licencia documentó que el paciente tenía tres deposiciones líquidas, lo que marcó la primera vez en que se registraron más de dos deposiciones líquidas en un mismo día.

Durante los días subsiguientes, varias enfermeras anotaron diferencias en la consistencia de las heces. Al 32do día, no se mostraron anotaciones que reflejaran problemas con el tratamiento de radiación o la terapia. El paciente continuó el tratamiento de radiación hasta el día 39, en que tambien ingirió dosis de capecitabina, un medicamento oral utilizado para las quimioterapias y para retrasar o detener el crecimiento de las celulas cancerosas, principalmente en pacientes con cáncer avanzado de mama y colorrectal. En adultos de mayor edad, el medicamento podría causar diarreas, vómitos o náuseas, por lo que se recomienda un monitoreo cuidadoso al paciente tras su receta.

Al día 39, el paciente experimentó episodios de mareos, náuseas, baja presión y un ritmo cardíaco elevado, síntomas que luego fueron consistentes con deshidratación y una lesión renal aguda. El paciente falleció al día 45.

‘Deficits en la comunicación entre el medico tratante de CLC, el personal de enfermería de CLC y el personal de oncología medica pudieron haber retrasado el reconocimiento del deterioro de la condición del paciente. La OIG descubrió que la radioterapia oncológica controlaba adecuadamente los síntomas del paciente y documentaba la decisión clínica de continuar la radioterapia. Aunque el monitoreo del paciente por las enfermeras prácticas con licencia era evidente en sus documentos, las enfermeras no añadieron a la enfermera registrada como cofirmante para alertar sobre las señales de alerta temprana de la toxicidad del tratamiento’, esboza la auditoría, publicada a finales de septiembre de 2019.

OIGVA delineó que era evidente la falta de documentación respecto al cuidado del paciente, puesto que nunca se reflejó que recibía quimioterapia oral y el Conjunto Mínimo de Datos (MDS) –un proceso de evaluación y planificación del tratamiento diseñado para identificar las necesidades de un paciente– omitió las dosis de capecitabina y sus efectos secundarios en el paciente y en su cuidado.

‘El CLC no tenía acuerdos de cuidado coordinados con los servicios de medicina oncológica o con los de radiación oncológica, cosa que pudiera haber contribuido a un quiebre en la comunicación sobre la condición del paciente’, continúa el documento.

Referente a los 55 otros pacientes, la OIGAV determinó que de ese número, en 35 no se cumplió con el estándar de cuidado o contenían otros problemas como que los proveedores de atención primaria no fueron incluidos en la conferencia de capacitación multidisciplinaria sobre el tema del manejo de pacientes con cáncer de próstata, o que hubo un error al abordar la falta de documentación de un examen físico completo realizado por personal de oncología en dos ocasiones.

Según el documento, el cáncer de próstata es el mal más común entre los veteranos en Puerto Rico, ya que se registran más de 250 casos anualmente. El State Data Center afirma que 83,641 personas de 18 años o más en Puerto Rico son veteranos, lo equivalente al 3.1% de la población civil. En su mayoría, se trata de veteranos de la Guerra de Vietnam.

Entre las recomendaciones hechas por OIGVA se encuentra que, al menos para el 31 de diciembre de 2019, el director del hospital debe reforzar los procedimientos para asegurar que el personal de oncología realice el monitoreo de los pacientes que reciben quimioterapia. Del mismo modo, que se evalúen los síntomas de toxicidad y la tolerancia del paciente mediante un monitoreo electrónico.

El informe de OIG precede al menos dos incidentes cuyo eje ha sido el servicio ofrecido por el Hospital de Veteranos, contiguo a Centro Medico y al Negociado de Ciencias Forenses.

Hace una semana, se aludió a que la persona que se suicidó en una rampa aledaña al hospital se trataba de un veterano a quien se le canceló su cita de servicio. A esto, el procurador del Veterano, el licenciado Agustín Montañez Allman, exigió una mejora en el trato para los pacientes. ‘Yo no le pongo condiciones al Hospital de cómo maneja la institución. Mi energico reclamo siempre será para proteger la dignidad del veterano y que el servicio sea personalizado, sensible y de excelencia’,declaró Montañez Allman.

Previo a eso, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, denunció que fue removido del edificio porque tenía a su perro guía, que necesita para moverse porque es no vidente.

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