Y que Rosselló renuncie

Padres de niños de educación especial y varias organizaciones que luchan por los derechos de esos niños reclamaron hoy que se devuelva el dinero robado a esa comunidad mediante los esquemas de corrupción que se investigan en el Departamento de Educación.

Al llamado se unieron el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, la Alianza de Autismo de PR, el Comite Timón Pleito Rosa Lydia Velez, SOS Educación Especial y Ryan y Su Lucha, quienes en conferencia de prensa aprovecharon para exigir tambien la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

‘Ante la llegada de la exsecretaria de Educación, Dra. Keleher, a la Corte Federal por señalamiento de actos de corrupción, nuestra comunidad solicita que de ser encontrada culpable, más allá de lo establecido por ley se tiene que devolver el dinero robado a nuestra comunidad escolar’, dice el comunicado enviado por Jinnette Morales Díaz y Carmen Warren, portavoces de los grupos.

‘Una gran cantidad de estudiantes con Diversidad Funcional que están ubicados de manera unilateral (o sea que sus padres y madres decidieron matricularles en un colegio privado), se les ha privado de sus servicios relacionados en vista de que esta administración no identificó partida para equiparar los fondos que se requieren para los servicios de nuestros estudiantes, dejando desprovista a gran parte de nuestra población’, agregaron.

Los grupos emplazaron al secretario de Educación, Eligio Hernández, para que de manera inmediata se pueda identificar los fondos para atender estas necesidades y tener como prioridad cumplir con esa población.

‘La incertidumbre y el dolor que esto ha causado a nuestros padres y madres que no pueden costear estos servicios esenciales para el desarrollo pleno de nuestros hijos e hijas es indescriptible. Asegurar estos servicios tiene que ser prioridad de cualquier administración. Hemos sido testigos de cómo había dinero para sueldos desproporcionales que no son acordes a la crisis económica de nuestro gobierno, contratos que hoy son objetos de investigación ante una crisis que requiere el buen juicio para la utilización de los fondos públicos del País’, dijeron las portavoces.

De paso, reiteraron su rechazo a las escuelas chárter y los vales educativos.

‘Es importante que la legislatura evalue la eliminación de la ley 85, creada para abrir paso al desmantelamiento de nuestra educación pública. La cultura de violación de derechos a nuestra población tiene que cesar’, concluyeron.