El nuevo director ejecutivo cobrará $750,000.

Pese a que la Autoridad de Energía Electrica (AEE) tardó 40 días para recurrir a la American Public Power Association (APPA) y emprender acuerdos para restablecer el sistema electrico tras el paso del huracán María, ahora usan argumentos de esa organización para justificar el sueldo del nuevo director ejecutivo, Rafael Díaz Granados, obviando la frágil situación financiera de la corporación pública.

En un comunicado de prensa, la AEE sostuvo que el salario de $750,000 que otorgarían a Díaz Granados, ‘es consistente con la compensación en la industria electrica para compañías del tamaño, la complejidad y el alcance de la corporación pública’. Agregan que esa cuantía es menor a la que se obtiene de una fórmula de salario que provee la APPA.

Dicha fórmula es: 138,100.90 + (0.2899022 X recaudos de energía en múltiplos de mil). El cálculo de recaudos anuales según la corporación pública es de $3,200 millones, por lo que el resultado de la fórmula sería $1,065,787.94

Según un escrito de la APPA sobre los sueldos de directores ejecutivos de compañías electricas públicas, esa fórmula fue desarrollada evaluando a más de 100 compañías. Sin embargo, aunque la AEE usa la fórmula como justificación para aumentar y equiparar los sueldos de compañías electricas públicas en Estados Unidos, falla en destacar que los gastos ordinarios, como la compra de combustible, el pago de nómina y otras cuentas por pagar, consumen casi la totalidad de los recaudos de la corporación de Puerto Rico.

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A modo de ejemplo, según el informe de liquidez semanal de la AEE, publicado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), durante el mes de mayo la corporación pública recaudó $334.4 millones, de los cual $249.6 millones fueron al pago de gastos operacionales y unos $75.9 millones más fueron a gastos de tiempo extra de trabajadores y emergencia.

El análisis hecho por la APPA tampoco menciona si entre las compañías electricas públicas evaluadas para establecer el cálculo figuran utilidades en situaciones económicas tetricas, como las que enfrenta la AEE. No obstante, el argumento de la APPA, esbozado en el escrito titulado ‘Public Power Needs to Pay’, es que las compañías públicas necesitan equiparar los sueldos que ofrecen a sus directivos para así tener acceso a personal con la experiencia y la pericia para administrar estos negocios.

‘Si disparidades significativas en la paga persisten, puede correr el riesgo de perder empleados clave o no atraerlos en primer lugar. La ventaja de energía pública desaparecerá, lo que podría resultar en repercusiones financieras aún más calamitosas para la utilidad, incluyendo el riesgo de una compra’, concluye el escrito de la APPA. Vale subrayar que el argumento de salarios adecuados es para evitar el ‘riesgo’ de una compra mientras que, en el caso de la AEE, ya se sabe que la utilidad pública está encaminada a una venta, por lo que una ‘compra’ no es un riesgo a evitar con salarios altos sino que es algo que ya se va a ejecutar.

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En los anejos de ese escrito, la APPA además señala que un gerente general de una utilidad que genere más de $100 millones en recaudos puede cobrar hasta $232,700 al año, mientras que un gerente general de una compañía electrica con mas de 100,000 clientes puede cobrar $307,282 al año.

El argumento de la presente administración para justificar el sueldo del ahora exdirector ejecutivo, Walter Higgins y otros funcionarios con sueldos altos en otras dependencias (tales como la secretaria de Educación, Julia Keleher, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad, Hector Pesquera, y el jefe de la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico, Brad Dean) ha girado alrededor de la intención de obtener los mejores recursos para cumplir los objetivos de política pública. En ese sentido, los argumentos de la APPA y los de la administración están alineados.

Sin embargo, la administración de gobierno y la administración de la AEE no han recurrido a usar a la APPA como referencia, salvo en esta ocasión. Cabe recordar que antes del paso del huracán María, el entonces director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, afirmó que estaba en comunicación con la APPA para obtener apoyo mutuo de otras utilidades que integran la organización tan pronto culminara el evento atmosferico.

Eso no ocurrió, y en vez la AEE contrató a la empresa con base en el estado de Montana, Whitefish Energy Holdings, para la tarea que la APPA estaba capacitada para cumplir. En ese momento tambien se señaló que los acuerdos de la APPA requerían costear la movilización de las brigadas externas, algo que pasó con Whitefish y despues con Cobra Acquisitions.

No fue hasta principios de noviembre que la AEE finalmente emitió una solicitud formal a la APPA para establecer acuerdos de apoyo mutuo.