Habían llegado a un acuerdo con Justicia.

Dos de los siete acusados por el Departamento de Justicia (DJ) por el esquema de fraude efectuado en la Superintendencia del Capitolio entre el 2010 y el 2012 llegaron a acuerdos con la fiscalía y acudirán este jueves a su vista de sentencia.

Jamilete Ramírez Sánchez y Gladys Alberti Torres comparecerán el jueves 25 de enero ante la jueza Wanda Cruz Ayala para dar por terminado las acusaciones en su contra por apropiación ilegal de fondos públicos, omisión en el cumplimiento del deber y aprovechamiento ilícito. Las acusaciones remontan al 14 de agosto del 2014, cuando Cesar Miranda dirigía el DJ.

Ramírez Sánchez pudo alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público el 15 de agosto del año pasado, por lo que la jueza ordenó al Programa de la Comunidad de Caguas a emitir un informe presentencia. Similarmente, Alberti Torres tambien aguarda por un informe presentencia por el Programa de la Comunidad de Caguas, pero ambas tendrán que presentar una restitución de $1,500 al tribunal.

Tambien hubo conversaciones entre el Ministerio Público y Juan Carlos Acosta, pero su abogado informó que no llegaron a acuerdos. Así las cosas, el 26 de febrero comenzaría el juicio en su fondo contra Acosta, Endel Rodríguez Cortes, Alex Martínez Morales, Edil Danois Román y Eliana Cuervo Sierra.

En cuanto a Martínez Morales, su defensor legal, Antonio Sagardía, insistió que existe prueba exculpatoria que beneficia a su cliente, pero fue ocultada por la fiscal a cargo del caso, Wilda Nin Pacheco. La fiscal alegó que la prueba en cuestión – una carta suministrada a los fiscales por el director de Recursos Humanos de la Superintendencia del Capitolio, Jose Figueroa – no se entendía.

Como consecuencia, el tribunal ordenó la entrega de la carta y amonestó verbalmente a la fiscal por ocultar la prueba de la defensa de Martínez Morales.

Luego que la juez Cruz Ayala ordenara la entrega de la carta – que señala que Martínez Morales se acogió a una licencia sin sueldo entre el 1 de mayo del 2010 hasta el 31 de octubre y posteriormente desvinculándose de su función de gerente de proyectos en la Superintendencia el 1 de diciembre de ese año – la fiscalía sometió una moción para solicitar una vista de reconsideración para demostrar que la carta representa prueba inculpatoria.

Sagardía objetó la moción y planteó que no hay base para continuar el caso contra su cliente por la acción del Ministerio Publico de ocultar la prueba cuyo texto exculpa a su cliente. La juez no concedió la solicitud de la fiscal, pero determinó que no puede concluir que la carta constituye prueba exculpatoria.