La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (‘PROMESA’) regresó al Tribunal Federal en Puerto Rico luego que tenedores de bonos de obligación general (OG) demandaran hoy, miercoles, al gobierno del Estado Libre Asociado por violaciones al estatuto federal.

La demanda es presentada porAurelius Capital Management, LP, Autonomy Capital (Jersey) L.P., Covalent Partners LLC, FCO Advisors LP, Monarch Alternative Capital LP y Stone Lion Capital Partners L.P.

Andrew Rosenberg, del bufetePaul, Weiss, Rifkind, Wharton <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <> <> & Garrison LLP, sostuvo en comunicado de prensa que,’El gobierno de Puerto Rico ha estado violando PROMESA prácticamente desde el momento de su promulgación. Pocas horas después de que PROMESA entrara en vigor, el gobierno de Puerto Rico violó desvergonzadamente esta cláusula al promulgar medidas extraordinarias que desvían muchos cientos de millones de dólares’./p

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La Sección 204(c)(3) de PROMESA requiere que Puerto Rico ‘no promulgará nuevas leyes que permitan la transferencia de cualesquiera fondos o activos fuera del curso ordinario del negocio o que sean incongruentes con la constitución o con leyes del territorio a la fecha de la promulgación de esta Ley’. /p

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Mientras, la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, manifestó en comunicado de prensa que, ‘Que quede tajantemente claro: los acreedores que demanden al Estado Libre Asociado no recibirán un trato especial ni asegurarán ventaja sobre otros. Estos pleitos no tienen mérito y son contraproducentes. Además, representan un obstáculo para la reestructuración ordenada de nuestras deudas y, en última instancia, afectan la recuperación de los acreedores. Por tal razón, esta administración combatirá agresivamente estas demandas de fondos buitres de Wall Street que conllevan gastos innecesarios y onerosos’./p

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‘La Sección 204(c)(3) se creó para preservar el status quo hasta que se forme la Junta de Supervisión. Los funcionarios de Puerto Rico han trastornado el status quo. Nuestros clientes han demandado para restaurarlo’, agregó el asesor jurídico de los demandantes./p

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A su vez, Santana recordó que, ‘PROMESA le provee al gobierno de Puerto Rico las herramientas necesarias para atender tanto la situación fiscal como las necesidades de los acreedores, incluyendo una protección contra demandas para que el ELA se enfoque y utilice sus recursos en enfrentar la crisis fiscal. Nos mantenemos comprometidos en trabajar en conjunto con todas las partes para alcanzar una solución responsable que produzca un resultado justo para todos’. /p

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Aunque los miembros que deben componer la Junta de Control Fiscal no son nombrados aún por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,el Grupo de Trabajo para Puerto Rico que dará recomendaciones sobre qué pasos tomar para crear condiciones para el crecimiento económico en la Isla, ya fue nombrado, con la inclusión del comisionado residente, Pedro Pierluisi, en el mencionado ‘task force’./p

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