De acuerdo al abogado constitucionalista Carlos I. Gorrín Peralta, la aprobación de PROMESA dramatiza la condición colonial de Puerto Rico al ser plasmada burdamente en una ley por el gobierno de los Estados Unidos tras años de haber negado esa realidad en su discurso internacional.

E l catedrático de Derecho describió el escenario que se vive en Puerto Rico como una’realineaciónde los planetas’. A su juicio, la aprobación de PROMESA, demuestra que los intereses de Estados Unidos ya no apoyan ‘la teoría del encubrimiento de la entelequia de un pacto que no ocurrió y han decidido descubrir -en toda su desnudez- el colonialismo en Puerto Rico’.

Gorrín Peralta precisó que la Constitución de Puerto Rico ha estado condicionada desde su creación a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, por lo que la legislación que impone una junta por encima del gobierno representa la culminación del Estado Libre Asociado. Argumentó que el Congreso ha usurpado la soberanía que corresponde por derecho natural y que siempre la ha ejercido su poder para adelantar los intereses de losEEUU.

‘Desde el 1898 tenemos la constitución y el gobierno que el congreso ha permitido tener. Algunos están desconcertados porque piensan que lo que ha ocurrido en las pasadas semanas ha cambiado algo. No ha ocurrido nada… Esto no es nada nuevo lo que es nuevo es lo burdo que se ha puesto el gobierno de los Estados Unidos al dejar claramente establecido que ellos son única y en última instancia los que mandan en Puerto Rico (al plasmarlo en una ley)’, aseguró.

Dijo que aunque las leyes de Puerto Rico siempre han estado sujetas a leyes, decisiones judiciales y hasta reglamentos administrativos del gobierno de los Estados Unidos, como la interceptación de llamadas telefónicas, ahora, con la imposición de una junta, para algunos es más evidente.

‘Es el mismo escenario solo que las luces son más claras ya que la legislación dice que la autoridad constitucional que invocó el Congreso para su aprobación fue la cláusula territorial’, explicó. Esta cláusula a su vez plantea ‘que el Congreso tiene el poder para disponer del territorio y para aprobar todas las reglas que entienda pertinente para el territorio y cualquier otra propiedad perteneciente a Estados Unidos’, dijo.

Nos están tratando como una pieza de ‘real estate’, insistió.