Los líderes de los partidos políticos mostraron hoy, viernes, su rechazo a que el Congreso de Estados Unidos imponga una junta de supervisión fiscal que excluya al Ejecutivo local para acompañar la normativa para la reestructuración de la deuda de la isla.

La reacción de la clase política local contra una posible junta que deje de lado al Ejecutivo puertorriqueño sigue a la publicación el viernes, por parte del rotativo estadounidense ‘The New York Times’, de una información -basada en un documento de trabajo del Congreso en Washington- que asegura que el secretario del Departamento de Hacienda y el gobernador de la isla no podrían participar en la toma de ciertas decisiones de ese organismo.

El periódico neoyorquino asegura, tomando como base el documento de trabajo legislativo, que en caso de que el Congreso en Washington apruebe legislación que otorgue a Puerto Rico herramientas para reestructurar la deuda, el proceso incluirá una junta de control fiscal federal compuesta por cinco miembros seleccionados por el presidente estadounidense.

‘The New York Times’ asegura que la medida es redactada actualmente por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. que preside Robert Bishop.

Sobre la información adelantada por el rotativo, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, señaló en un comunicado que es necesaria una junta de supervisión, pero que esta ‘no puede usurpar la democracia’ local.

‘Una junta no electa por el pueblo, con la capacidad, por ejemplo, de imponer impuestos o despedir empleados no es aceptable para mí y no puede serlo para ningún puertorriqueño. Cualquier medida legislativa tiene que ser evaluada en sus méritos para garantizar que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda sin matar la democracia puertorriqueña’, aseguró García Padilla.

El representante -sin voto- de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense y presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo en un comunicado que el proyecto contiene los dos elementos que son esenciales para que pueda obtener apoyo y convertirse en ley: un mecanismo judicial ordenado para la reestructuración de la deuda y una junta de supervisión temporal.

Pierluisi indicó que la junta ‘ayudará a instituir disciplina fiscal, aumentar la eficiencia y la transparencia gubernamental’, además de permitir que la isla ‘recupere el acceso a los mercados de crédito bajo términos razonables’.

Sin embargo, matiza que esa junta ‘debe respetar el proceso democrático de Puerto Rico’, tras alertar de que en el borrador ‘hay varias disposiciones que se sacaron directamente de la ley del 1995 que creó una junta para Washington’, disposiciones que como aseguró ‘no son necesarias o apropiadas para el caso de Puerto Rico’.

‘Le he expresado mis objeciones específicas al congresista Bishop, presidente de la comisión, quien siempre ha demostrado gran disponibilidad para trabajar conmigo, por lo que espero que esas disposiciones puedan ser modificadas’, concluyó.

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dijo por su parte que el proyecto de rescate que se dispone a presentar el Congreso estadounidense, que incluye la junta de supervisión, merece el rechazo de los puertorriqueños porque solo favorecerá los intereses de los acreedores.

‘Se trata de una junta que tomará las medidas necesarias para garantizar los deseos de los acreedores en contra de las necesidades de los puertorriqueños’, aseguró Dalmau.

‘Como está descrita, una Junta de Control Fiscal bajo la cláusula territorial, provocará que el Estado Libre Asociado, que ha sido rechazado por el pueblo, se perpetúe en su forma más indignante. Cualquier propuesta de Junta tiene que ser en el contexto de colaboración y trato como un Estado, no como una colonia’, dijo por su parte el precandidato a la gobernación RicardoRosselló Nevares en un comunicado de prensa.

El aspirante estadista explicó que ‘hemos trabajado con un proyecto para establecer una Comisión Conjunta para el manejo de la deuda, que atiende los pilares establecidos por el Comité de Recursos Naturales, pero lamentablemente lo que presenta el este Comité deja mucho que desear. Nuestra propuesta establece un modelo de cooperación entre el gobierno local y el gobierno federal, brindaría a la Isla herramientas para promover el desarrollo económico y establecería una ruta hacia la Estadidad. El proyecto, si es como establece el artículo del New York Times, sería un obstáculo para resolver el problema del estatus e iría en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico’.

Entretanto, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, opinó que ‘Un mecanismo de colaboración o asistencia al pueblo de Puerto Rico para reestructurar su deuda que liquide en la práctica las instituciones de gobierno propio del país es inaceptable. Rechazo además las pretensiones del liderato republicano al proponer el sacrifico extremo de nuestra gente como alternativa para resolver el problema de la deuda’.

‘Debemos generar en Puerto Rico una propuesta de acción hacia la reestructuración de la deuda en diálogo con nuestros acreedores, que brinde estabilidad al proceso de sanear nuestras finanzas. La crisis exige unidad de propósito y desechar de una vez y por todas las obsesiones ideológicas o los revanchismos partidistas. Los puertorriqueños debemos ser actores y forjadores, y no meros espectadores de la sa‎lida de ésta crisis compartida’, añadió Bernier.

Las corporaciones públicas de Puerto Rico arrastran una deuda de cerca de 72,000 millones de dólares que el Gobierno de García Padilla ha repetido en varias ocasiones no se podrá pagar.