Era un día de verano del 2015, y en la sede de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) en Santurce se abría la puerta del ascensor.

De ella salía Manuel Mata, presidente de la empresa privada AES Puerto Rico, compañía que desde el año 2002 vende a la corporación pública los 454 megavatios de electricidad que produce en la planta de combustión de carbón de Guayama. Todo a cambio de una factura anual que excede los $300 millones.

Sin llamar la atención y protegido del escrutinio público, Mata caminó hasta las oficinas ejecutivas y firmó un documento legal.

Era la enmienda al contrato entre la multinacional y la AEE: una cláusula que le prohibía a la empresa disponer de sus desechos de la quema de carbón en cualquier lugar del país.

Días después, el 17 de julio de 2015, se consumó el acto. Con la firma del entonces director interino de la Autoridad, Carlos Castro Montalvo, cambiaron las reglas del juego. Abrió las puertas para que se dispongan millones de toneladas de desperdicios tóxicos en vertederos de la Isla y allanó el camino para que AES se economice millones de dólares, al no estar obligada a exportar sus cenizas de carbón como prometió a la AEE el 11 de octubre de 1994.

La enmienda aprobada no representa ningún beneficio tangible para los 1.4 millones de clientes a quienes factura la Autoridad. Tampoco para las miles de personas que a diario son expuestas a los efectos de las cenizas de carbón en la isla.

El sorpresivo arreglo rompe los acuerdos que AES hizo con la Junta de Planificación el 1 de mayo de 1996 y da al traste con los datos que la empresa certificó ese año en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Según consta en el Permiso de Ubicación que aprobó Norma Burgos Andújar, entonces presidenta de la Junta de Planificación, AES se comprometió a disponer de las cenizas fuera de Puerto Rico, ‘incluyendo la posibilidad de devolverlas’ al lugar de origen del carbón, la República de Colombia.

AES también pactó en la DIA que no depositaría las cenizas ni sus derivados ‘como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico’.

En una demanda radicada por grupos ecologistas, el fenecido juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Jaime Fuster Berlingeri, falló a favor de la corporación y refrendó el 29 de junio de 1998 que ‘ni las cenizas, ni sus derivados, serían depositados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico’.

Todas estas garantías se volvieron letra muerta.

Contradicciones de la Agencia de Protección Ambiental federal

Solo entre los años 2014 y 2015, sobre 350 mil toneladas de cenizas de AES fueron descargadas ilegalmente en el vertedero de Humacao, así como otras siete mil toneladas en el vertedero de Peñuelas, admitió por escrito la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

Además, desde que AES inició la producción eléctrica hace más de una década, cantidades indeterminadas de este desperdicio han ido a parar a zonas residenciales y comerciales del país, exponiendo los suelos, cuerpos de agua y personas a contaminación con el material tóxico.

Los hechos fueron reconocidos en entrevista telefónica por Judith Enck, administradora de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés).

‘La preocupación general son los metales pesados. Aquí encontramos niveles elevados de arsénico, lo que nos colocó en una posición sólida para decir ‘detengan el desparrame de cenizas sobre todo Puerto Rico», expresó la funcionaria.

Sin embargo, ninguna de estas violaciones ha conllevado la revocación de permisos.

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