El líder comunitario de residenciales públicos, Papo Christian, tronó contra la Autoridad de Energía Electrica (AEE) luego de que la corporación pública anunciara cortes de servicio y hasta desahucios comenzando en febrero próximo a residentes de complejos de vivienda pública que no cumplan con su responsabilidad de pago por el servicio.

Para el líder, el Gobierno está utilizando una doble vara en lo que respecta a fiscalizar clientes morosos.

‘Si le van a cortar el agua y la luz a los residentes de los caseríos, se la van a tener que cortar al Departamento de Educación, al Departamento de Salud y a las agencias federales que se están robando el agua y la luz porque no la pagan’, sentenció Papo Christian.

‘Qué fecha le dieron a estas agencias para que se pongan al día? Por qué a los residentes se le pone una pauta y ellos, que bregan con tanto dinero, no?’, cuestionó.

Según indicó la AEE a través de una misiva a residentes de complejos de viviendas públicas enviada en diciembre, efectivo el primero de febrero de 2016, se comenzará a desconectar el servicio a los abonados en residenciales que posean deudas pendientes.

Sin embargo, existen dudas sobre cuán eficaz puede ser el criterio del Gobierno para identificar clientes que prueben morosidad por encima de cualquier duda razonable.

‘Aquí hay mucha persona mayor que tiene tutores y mentores y muchas veces le roban a los viejitos su dinero y entonces no le pagan la luz y el agua. Entonces, cómo le voy a cortar la luz y el agua a una persona anciana, si esa persona no es la persona que paga la luz y el agua?’, explicó el líder comunitario aunque admitió que ‘hay casos y hay casos’.

‘Lo que veo injusto es que a los residenciales se le pone fecha limite pero a las agencia no. Cada caso debe verse según su realidad. Si son morosos constantes entonces sí, hay que meterles mano. Pero no pueden pagar justos por pecadores. Y más ahora que le dieron luz verde a los privatizadores de cancelar contratos. Eso se puede prestar para muchas cosas y no están viendo que entonces qué va a pasar, van a tener familias deambulando en la calle porque los desahuciaron de sus casas?’, dijo.

Por su parte, el senador Ramón Luis Nieves Pérez, responsabilizó hoy al administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, así como a la líder comunitaria Mirtha Colón Pellicier, de provocar el anuncio de la AEE sobre la suspensión de los servicios eléctricos a miles de abonados, lo que a su vez desencadenaría en el desahucio de miles de personas en los residenciales públicos.

‘Gracias a su oposición al proyecto para reformar los subsidios energéticos de los clientes en residenciales públicos’, expresó el también presidente de la Comisión de Energía del Senado.

‘Advertí desde 2014 la necesidad de reformar los subsidios energéticos, incluyendo el de los residenciales públicos, por eso radiqué el Proyecto del Senado 1256. Ya ni la AEE, ni el pueblo que paga los subsidios, pueden sostenerlos como están ahora y nuestra gente de los residenciales están en riesgo de ser desahuciados. No obstante, tanto López Arrieta como la señora Colón Pellicier atacaron el Proyecto del Senado 1256, mintiéndole a la gente de los residenciales públicos al decirles que mi proyecto provocaría el desahucio de miles de residentes. Hoy se demuestra que es todo lo contrario: la medida resolverá el desorden que creó la Ley 69, la falta de administración por parte de AVP, AEE y AAA, además de crear las condiciones para que la gente se regularice y evitar los desahucios’, aseguró Nieves Pérez.

Según se indicó, luego de establecida la Ley 69 de tarifas fijas, los subsidios de la AEE y la AAA en los residenciales públicos, la deuda con la AEE aumentó de $8 millones a $30 millones. La deuda con la AAA aumentó de $14 millones a $50 millones.

Extienden el plazo

A través de un comunicado de prensa, la directora de Servicio al Cliente de la AEE, Carmen Flores Torres, anunció hoy, martes, la extensión de la fecha límite hasta el 28 de febrero de 2016, para que los clientes de la Administración de Vivienda Pública paguen sus balances pendientes, soliciten la activación del servicio eléctrico y establezcan un acuerdo de pago con la Autoridad.

‘En la Autoridad estamos en la mejor disposición de ayudar una vez más a los residentes de Vivienda Pública a que se pongan al día en su servicio eléctrico, establezcan acuerdos de pago, eviten la suspensión del servicio’, sostuvo Flores Torres.

La funcionaria explicó además que se decidió otorgar una última oportunidad de varias a los clientes de Vivienda Pública con el desarrollo del proyecto ‘Ponte al día’, en la que los residentes con deudas o que no cuenten con servicio activo, puedan pagar sus balances pendientes, activar el servicio y establecer un acuerdo de pago.

Efectivo el 1 de marzo de 2016, la Autoridad comenzará a desconectar el servicio a todo residente con deuda o que tenga registro de lecturas que evidencien un inactivo con consumo o se encuentre servicio directo sin haber acuerdo de servicio activo.