Un estudio encomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a la Universidad de Puerto Rico (UPR) reveló que el gobierno carece de ‘criterios racionales’ para determinar cuándo es necesario crear una nueva agencia o eliminar una existente, más allá de planteamientos relacionados a las limitaciones económicas que puedan estar afectando al país.

‘Yo creo que es importante que miremos cómo vamos creciendo y cómo nos vamos achicando… y pensemos si esos cambios, en términos numéricos, cuantitativos, han estado acompañados de un mejor servicio, porque uno pensaría que de alguna forma esos cambios deben beneficiarnos’, señaló la profesora de economía, Yolanda Cordero.

No obstante, Cordero, quien además es parte del Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP), recalcó que más de 60 años después de la creación del Estado Libre Asociado (ELA) el número de departamentos y agencias de gobierno casi se duplica y el consenso más o menos generalizado es que ‘esto no necesariamente se ha traducido en más y mejores servicios’. Lo que sí se puede decir es que este crecimiento en el tamaño del gobierno sí ha tenido ‘un impacto muy serio en las arcas del gobierno, y particularmente en el fondo general’.

Por su parte, el director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz Batista, recalcó la necesidad de poder evaluar la efectividad de la gestión de las distintas agencias de gobierno.

‘En momentos en que se hace más relevante la inversión que hacemos en la operación gubernamental, se requiere que para que la gestión pública sea efectiva, un sistema de evaluación que nos permita identificar aquellas áreas en donde el desempeño gubernamental no alcanza las expectativas del ciudadano y sus objetivos no se logran’, señaló Cruz Batista.

La profesora Eileen Segarra explicó como parte de la presentación del estudio que la medición del desempeño del gobierno ayuda en la toma de decisiones estratégicas para ‘mejorar la eficiencia gubernamental y la vitalidad de la economía’, además de que es una herramienta hacia un proceso de rendición de cuentas a las personas o usuarios de los servicios del gobierno. Recalcó, no obstante, que el propósito de la evaluación de desempeño nunca debe ser de carácter punitivo, sino de orientación y mejoramiento.