Aun cuando el equipo económico de la Administración del gobernador Alejandro García Padilla asegura que trabaja para garantizar el volumen de recaudos necesarios para evitar un cierre o reducción de operaciones en el gobierno, ninguno parece confiar absolutamente en las medidas que han puesto en marcha.

‘Estamos planificando para que haya el flujo [de efectivo]. Si no lo hubiera, vamos a tener un problema. Probablemente vamos a tener que hacer lo de la reducción de jornada. Seguimos trabajando, pero qué cosa negativa pueden pasar… que quizás tenga que ocurrir lo de la jornada? Que los recaudos de Hacienda no lleguen’, explicó escuetamente la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta.

Por su parte, el Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, aseguró que se está trabajando para evitar una merma en los recaudos. Mientras, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, insistió que el cierre total o parcial del gobierno ‘sería una última alternativa’.

De acuerdo con el titular de OGP, las agencias que no se afectarían por un posible cierre son los departamentos de Salud y Educación, y las agencias a cargo de la seguridad.

‘[En] las demás agencias sí tenemos unos escenarios de reducción que aplicaría a todas las agencias. También tenemos que dejar un espacio a los jefes de agencia para que, dependiendo de la cantidad de flujo de efectivo que vamos a tener para cada agencia, podamos entonces hacer esa distribución’, señaló Cruz Batista, quien informó que hay 89,500 empleados públicos que cobran del Fondo General y que potencialmente podrían verse afectados por una reducción en la jornada laboral.

Sin embargo, cuando del total de empleados públicos se restan las agencias consideradas indispensables, quedan unos 30 mil a quienes le afectaría directamente la reducción de la jornada de trabajo.

‘No vamos a tener un cierre total. En el peor de los escenarios sería un cierre o una reducción parcial’, dijo Cruz Batista.

El funcionario insistió en que la situación que enfrenta el gobierno es una de flujo de efectivo, ‘que el dinero que entra no es suficiente para cumplir con las obligaciones’. En diciembre y enero el gobierno enfrentaría la mayor dificultad porque debe pagar los salarios quincenales (90 millones de dólares) y las pensiones a los retirados (30 millones de dólares), más el bono de Navidad (120 millones de dólares).