El Senado Academico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), anunció su rechazo al proyecto legislativo que propone la Ley para las Alianzas en la Educación Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico -actualmente se encuentra ante la consideración de la Cámara de Representantes tras su aprobación en el Senado- ya que el modelo de gobernanza dispuesto en la medida cedería la administración de escuelas a entidades ajenas al Departamento de Educación (DE), lo que a juicio de los universitarios constituye una especie de privatización, conocida en Estados Unidos como escuelas charters.
‘El modelo de venta de servicios educativos no garantiza la calidad del servicio ni la calidad de la enseñanza’, expresó el máximo foro de deliberación del recinto riopedrense en la Certificación Número 38, aprobada el pasado jueves, 22 de octubre de 2015.
Asimismo, manifestó ‘que la educación pública es responsabilidad indelegable del Estado, cuyo interés principal en una democracia es responder al bien común, al pleno desarrollo humano y a la equidad’, principios que, según los representantes del cuerpo, se distancian de la iniciativa legislativa contenida en el Proyecto del Senado 1456.
En su declaración, el Senado Académico advirtió que las escuelas charters no han sido más efectivas que las escuelas públicas regulares, al tiempo que en muchas jurisdicciones en Estados Unidos han contribuido a aumentar las tendencias de segregación socioeconómica, racial y étnica.
De la misma manera, los senadores deploraron la creación de la Junta de Alianzas e Innovación Educativa con poderes autónomos, al catalogarla como un sistema burocrático paralelo al sistema educativo que no representa el interés de la educación pública, ni de sus maestros y estudiantes.
No osbtante, el Senado reconoció la necesidad urgente de transformar el sistema de educación pública de Puerto Rico así como la importancia de que la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras participe activamente de esta transformación. ‘Proponemos la transformación de la escuela pública a través del fortalecimiento de la autonomía escolar y de su base comunitaria, principios ya promulgados en la ley vigente. [También mediante] el fortalecimiento de alianzas existentes y la creación de nuevas entre escuelas públicas y universidades, cooperativas y escuelas alternativas de probada responsabilidad sin que eso conlleve la administración de escuelas’, reza la certificación.
Los senadores del recinto abogaron, además, por el mejoramiento de las condiciones laborales del magisterio, incluyendo los salarios, más recursos e incentivos para su formación continua, así como el respeto y reconocimiento social a ese sector.
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