El gobernador Alejandro García Padilla reconoció como ‘un paso histórico’ el plan presentado por la Administración Obama para enfrentar la crisis fiscal de Puerto Rico, a la vez que destacó en comunicado de prensa que las medidas que serán presentadas al Congreso responden a los planteamientos hechos por su administración durante los pasados tres años.

‘Reconozco el paso histórico de la administración del presidente Obama que hoy ha presentado un conjunto de medidas que incluye trato justo en Medicaid, acceso al Earned Income Tax Credit para fomentar el empleo de los puertorriqueños y un andamiaje legal para reestructurar nuestra deuda de forma ordenada’, indicó el Ejecutivo.

En un tono más cauteloso, García Padilla indicó que la propuesta de una Junta de Supervisión federal ‘corresponde evaluarla con mucho detenimiento para asegurarnos que la misma respete la autonomía de Puerto Rico -según reza el informe- y cumpla con los principios democráticos de nuestra relación con los Estados Unidos’.

El Gobernador recordó que presentó legislación para la creación de una junta local que cumple con el estado de derecho vigente. ‘Sin embargo, corresponde tener una discusión amplia en Washington y Puerto Rico sobre esta nueva propuesta’, concluyó.

Por otro lado, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro, afirmó que la propuesta de la Casa Blanca es resultado de meses de trabajo del Gobernador, que abre las posibilidad al desarrollo de Puerto Rico y habilita la capacidad de obtener paridad en fondos federales bajo el Estado Libre Asociado.

‘El anuncio sobre la propuesta de la Casa Blanca es una histórica, que constituye un triunfo para Puerto Rico y un reconocimiento al trabajo dedicado del gobernador Alejandro García Padilla. Más aún, esta propuesta confirma lo que hemos planteado por muchos años sobre la capacidad de tener un trato justo y equitativo bajo el Estado Libre Asociado. Sin duda este anuncio es un paso importante en la recuperación económica de la isla’.

De igual modo, Colberg Toro indicó que la participación de funcionarios federales en la Junta de Control Fiscal parte de la premisa del respeto a la autonomía política del Estado Libre Asociado, lo que constituye un reconocimiento al estatus actual de Puerto Rico.

Por su parte, el senador Ángel Rosa, dijo que ‘El gobierno federal reconoció la crisis fiscal que heredamos, que la deuda como está es impagable y que, a pesar de que hemos tomado medidas correctas para atenderlas, es también responsabilidad del gobierno federal trabajar en conjunto con Puerto Rico para solucionar la crisis’.

Mientras, el comsionado residente Pedro Pierluisi, dio la bienvenida a la iniciativa a la vez que celebró que la Administración Obama recomendara el crédito por trabajo para los puertorriqueños y tomara una postura respecto a la paridad de fondos Medicaid.

El precandidato a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) dejó ‘claro que apoyaría una supervisión federal razonable sobre prácticas administrativas financieras del Gobierno de Puerto Rico -pero no control federal- y la propuesta de la Administración es consistente con ese principio’. Asimismo, agradeció que se apoye el proyecto de ley para proporcionar un trato a Puerto Rico similar al que reciben los estados bajo el Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras.

‘Como lo reconoce la Administración, le tocará al Congreso decidir si se provee un procedimiento para este tipo de proceso, y si lo hace, determinar la forma y extensión de dicha legislación’, concluyó Pierluisi.

De otra parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo en un comunicado que el plan del Tesoro para atender la crisis fiscal ‘es un gran paso en la dirección correcta ya que contiene elementos por los que hemos estado luchando en los pasados años. Aunque cada una de las propuestas del plan merece un estudio minucioso para destilar su contenido, en principio son muy positivas. Ante estos planteamientos, nos mantendremos colaborando de cerca con las autoridades federales y estatales para lograr la aprobación de estas propuestas en el Congreso’.

Pero no todo fueron vítores para la propuesta de Casa Blanca. Para el secretario general del Partido IndependentistaPuertorriqueño, el gesto constituye meramente’la acción de un ejecutivo demócrata lavándose las manos y llevando a Puerto Rico al matadero de un congreso republicano’.

La única consecuencia de esto, dijo: ‘es que en lugar de tener una quiebra desordenada, Puerto Rico tendrá una quiebra aparentemente ordenada pero, al final del camino, estaremos igualmente en quiebra’.

Sobre la junta de control federal, Dalmau expresó que ‘en palabras simples significa colocar a Puerto Rico en una sindicatura lo cual para efectos políticos y de gobiernos es retrotraernos a los tiempos de la Ley Foraker’.

Para el líder independentista la propuesta federal subraya lo que pretende ignorar la Administración García Padilla: ‘que el problema de fondo que hay que atender es el del colonialismo y la falta de poderes para atender la crisis’.

El también aspirante al Senado llamó la atención de que ninguna de las propuestas adelantadas por la rama ejecutiva estadounidense van dirigidas al desarrollo económico, si no a que actúe la rama legislativa.

Bonistas tildanplan de ‘Súper Capítulo 9’

La Main Street Bondholders Coalition, un proyecto de la 60 Plus Association, planteó que plan del Tesoro viola la Constitución de Puerto Rico porque abandona el pago de las obligaciones de deuda del Estado Libre Asociado.

‘La propuesta sin precedentes de la administración, llamada ‘Súper Capítulo 9′, reestructuraría toda la deuda de Puerto Rico, incluida su deuda constitucional, y muchos temen que trastorne los mercados de deuda municipal de los Estados Unidos, elevando el costo de los préstamos para los estados y las municipalidades en todo el país’.

La Coalicion criticó que Jim Millstein, principal asesor de reestructuración de Puerto Rico, ha presionado enérgicamente a favor del Súper Capítulo 9. ‘Millstein ha sido criticado por sacar provecho de sus negocios en torno al acuerdo de Puerto Rico con los bonistas de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero sigue asesorando al Estado Libre Asociado’, declararon.