El presidente de la Asociación de Abogados, Hector Ramos, informó el miercoles que la organización solicitó al Tribunal Supremo que atienda con urgencia la constitucionalidad de la imposición del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a los servicios legales.

Según un comunicado de prensa, la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia el 15 de junio de 2015 reclama que la imposición del impuesto a los servicios legales afectaría el acceso a la justicia de lo más necesitados, viola la separación de poderes, e interviene con el privilegio abogado-cliente.

La demanda presentada el 15 de junio de 2015 no ha sido contestada por el Estado y solo cuenta con una reciente moción de desestimación que fue refutada por la Asociación durante el día de ayer.

El abogado de la Asociación, John Mudd, sostuvo que ‘el IVU a los servicios legales aplica a partir del 1 de octubre de 2015 por lo que se requiere la intervención inmediata del Tribunal Supremo. Por los argumentos vertidos en relación a la reglamentación de la profesión legal, entendemos que el Tribunal Supremo es el único foro que pudiera darle certeza a nuestros reclamos’.

La Asociación de Abogados impugnó en el pasado exitosamente la constitucionalidad de la colegiación compulsoria de los abogados e impugnó el Programa de Educación Jurídica Continua de los togados para que le permitieran ofrecer cursos gratuitos y sin fines de lucro.