Un informe emitido recientemente por el Servicio de Investigación Congresional (Congressional Research Service) establece que el Congreso podría alentar al gobierno de Puerto Rico a perseguir estrategias de desarrollo económico más acorde con las ventajas económicas comparativas de la isla en lugar de sus ventajas fiscales.

‘Puerto Rico ha dependido durante mucho tiempo en las disposiciones especiales en el código tributario de Estados Unidos y en sus propias leyes fiscales para estimular la inversión’, dice el documento que hace recomendaciones al Congreso para lidiar con la crisis fiscal de Puerto Rico, que incluyen modificar las leyes de cabotaje y extender el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras a la isla.

Las opciones del Congreso para ayudar a Puerto Rico deben estar enmarcadas dentro del estatus de la isla como territorio ya que son diferentes a las que serían si fuese estado o país independiente.

La AdministraciónObama, según el documento divulgado a finales de junio, ha indicado que no está contemplando un rescate federal a Puerto Rico – ni el gobierno lo ha solicitado – porque entiende que los gobiernos deben asumir las consecuencias de sus acciones, pero sí le ha prestado apoyo técnico y ha tratado de hacer que los recursos federales existentes estén disponibles.

Sin embargo, el informe apoya como opción ofrecer algún tipo de crédito para respaldar las deudas de Puerto Rico. A modo de ejemplo, el gobierno estadounidense ofreció garantías de crédito al gobierno mejicano entre el 1994-95 y ha ayudado a algunas agencias estatales, como al estado de Arkansasen el 1941.La Casa Blanca también entiende que el Congreso federal puede proveer ayuda para los programas de salud, que en estos momentos han sufrido una baja en sus fondos.

De otra parte, el informe expresa que el Congreso debe hacer enmiendas a la Ley de Quiebras federal para permitir que la isla pueda ser elegible al Capítulo 9 y ‘entrar en un proceso para reestructurar sus deudas’. Puerto Rico hizo su propia ley de quiebra criolla para algunas corporaciones públicas pero la misma fue declarada inconstitucional por los tribunales. Esa decisión se apeló al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. A su vez, el liderato republicano rehusa hacer cambios a la Ley de Quiebras federal.

Asimismo, el Servicio recomendó revisar las políticas de elegibilidad a programas federales. También entiende que el Congreso debe urgir a Puerto Rico a crear estrategias de desarrollo que promuevan las ventajas económicas de la isla en vez de las ventajas tributarias para atraer inversiones.

Puerto Rico goza de pocas ventajas contributivas luego de la desaparición de la Sección 936 de créditos contributivos entre el 1996 y el 2005. Al presente, el Tesoro Federal no ha retado la creditabilidad de la Ley 154, que impone un impuesto a las industrias foráneas en Puerto Rico y que hasta ahora se puede acreditar en los Estados Unidos. Ese impuesto ayuda a proveer dinero al gobierno local que pierde el gobierno federal, según el informe. De otra parte, las leyes 20 y 22 de exportación y de individuos inversionistas también afectan los ingresos del Tesoro.

El informe congresional, no obstante, entiende que el Congreso puede ayudar a Puerto Rico otorgándole algunas exenciones a las leyes de cabotaje. Tanto economistas como el informe de Anne Krueger sobre la situación fiscal de la isla entienden que la exención a la Ley Jones podría reducir los costos de transportación de productos. ‘El Congreso eximió a las Islas Vírgenes de las mismas y puede extender esa exención a Puerto Rico,’ dice el informe.

De otra parte, el documento sostiene que ‘algunos’ han sugerido cambios al salario mínimo federal o seguro social al destacar que hay estudios que indican que juegan un papel detrimental en la búsqueda de empleo fuera de la economía subterránea.

Informe Congreso – NotiCel_13663