La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, acusó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de violar la Ley de Ética Gubernamental y usurpar la autonomía de dicha agencia al proponer un nuevo recorte para el próximo presupuesto por $290,000.

Rosario apuntó que ‘la OEG no fue consultada sobre la propuesta reducción, y tampoco se efectuó un análisis cualitativo del efecto devastador que este recorte en los recursos ocasionaría en nuestras iniciativas preventivas y fiscalizadoras’.

En el presente año fiscal la OEG enfrentó un recorte de $762,000. Rosario dijo que aunque reconocía la situación fiscal del Gobierno, pidió que se le asigne un presupuesto mayor del actual, que asciende a $9,528,000.

Anteriormente, la funcionaria expuso ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara que acabaría este año nuevamente sin déficit, que estaba al día en el pago a los suplidores, y que han implementado varias medidas de ajustes de gastos, por lo que planteó al presidente de la Comisión, Rafael ‘Tatito’ Hernández, que era ‘triste que nosotros que hacemos las cosas bien nos castiguen’.

En esa línea, le pidió de favor a Hernández que el mensaje que se le envíe a las agencias es que si utilizan bien su presupuesto, los jefes de las dependencias deben quedar tranquilos de los fondos que se asignarán.

No obstante, el director de OGP, Luis Cruz Batista, aseguró en comunicación escrita que el recorte de presupuesto sugerido fue producto de un análisis ‘concienzudo para cumplir con el compromiso de brindar los servicios indispensables a nuestros ciudadanos, cumplir con nuestras obligaciones y el pago de la deuda sin incurrir en el despido de empleados’.

‘El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2015-2016 se configuró en medio de una crisis fiscal histórica, donde los recursos disponibles son extremadamente limitados. En el caso de la Oficina de Ética Gubernamental, se basó en el Artículo 20 de la Ley 66-2014, conocida como Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico, el cual establece que el presupuesto recomendado durante la vigencia de esta Ley para ciertas entidades, incluyendo la OEG, será equivalente a su respectivo presupuesto del año fiscal previo ajustado por el porcentaje de reducción o incremento global en el Presupuesto General de Gastos con cargo al Fondo General. Es decir, que una reducción del Presupuesto General de Gastos con cargo al Fondo General en virtud de esta Ley, requiere una reducción proporcional en el presupuesto de la OEG. De conformidad con lo antes expuesto, a la OEG se le aplicó un ajuste equivale a un 3 por ciento para el Año Fiscal 2016’, detalló el titular de OGP.

De igual forma, la contralora Yesmin Valdivieso, destacó que de acuerdo a la ley orgánica que crea su agencia, la OGP no tenía la facultad para recomendar o revisar su presupuesto. La OGP propuso una reducción de 3.04% para el próximo presupuesto de la Oficina del Contralor, pero la funcionaria requirió que se mantenga al nivel actual.

La funcionaria expresó que ante la situación fiscal es necesario contar con herramientas que busquen evitar la malversación de fondos y el mal uso de la propiedad pública. Además, adelantó que si se mantiene un nuevo recorte, se vería forzada a reducir beneficios a sus empleados, en áreas como el pago de dieta y millaje.

Tanto Rosario como Valdivieso aseveraron que aunque tenían exenciones de las disposiciones de la Ley 66, ante el recorte en su presupuesto de manera voluntaria hicieron ajustes en varios renglones de gasto.

De otro lado, Valdivieso hizo un llamado a la Legislatura a ir tras el dinero que se le ha recomendado a las distintas agencias que pidan una restitución de los fondos. Del 2000 al 2015 han recomendado hacer gestiones de recobro por unos $99 millones, pero las agencias solo han hecho el esfuerzo de buscar la restitución de $4.7 millones. Actualmente, $25 millones de los $99 millones, ya son incobrables por el tiempo que ha transcurrido.

También aprovechó el espacio para condenar el uso de fondos públicos para incurrir en gastos innecesarios en momentos de crisis fiscal. En concreto dijo que a través de los informes han señalado el desembolso de $44 millones para costear obras que ‘no sirven para absolutamente nada. Como una ballena que está en un almacén que costó medio millón de dólares. Un millón y medio en el municipio de Gurabo, también almacenado porque qué bonito es tener muchas esculturas y que el pueblo se fastidie’.