Varios vecinos y líderes comunitarios del Viejo San Juan radicaron hoy, miercoles, una demanda ante el Tribunal de San Juan para exigir la detención inmediata del proyecto del paseo lineal de Puerta de Tierra.

El licenciado Omar Saadé, abogado de la parte demandante, explicó que la intención es que se declaren nulos los permisos emitidos por el municipio para la construcción, además de un interdicto preliminar para que se paralicen las obras de construcción de una terraza al mar para usos comerciales justo en la colindancia costera.

El proyecto de paseo lineal ha estado marcado por la controversia, debido a la tala de árboles, la falta de participación ciudadano y que los permisos de construcción emitidos por el Municipio se declararon nulos Además, según Saadé, no se evaluó la viabilidad de la terraza al mar de acuerdo a los criterios ambientales y arquitectónicos.

Debido a que tanto la Junta de Planificación como la Oficina de Gerencia de Permisos identificaron los permisos emitidos por el Municipio como nulos, Saadé expresó que ‘el municipio aprobó sumariamente un proyecto con la intención de coartar los derechos de la ciudadanía a expresar sus intereses’.

‘Este proyecto no se trata de un mero paseo lineal como se le ha denominado, no es una mera construcción de un carril, el proyecto plantea la construcción masiva de todo el casco urbano, bajo el lema de la revitalización, sin atender la opinión e intereses de los residentes de ese sector’, dijo el licenciado.

Desde la mirada comunitaria, la vecina de Puerta de Tierra y demandante Michy Marxuach denunció la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones de ‘un proyecto que contempla la inversión de más de 40 millones de dólares’, y que impacta ‘significativamente’ la forma del espacio y de la naturaleza.

‘El impacto que va a tener esa construcción en un espacio natural sería un precedente nefasto, no solo de construcción en la costa de Puerto Rico, sino de cero participación ciudadana, una acción emblemática de lo que no se debe hacer para seguir desarrollando el futuro de los países’, advirtió Marxuach.

Los vecinos sostuvieran que después de meses de intentos, ya han agotado los espacios para poder comunicarse con el Gobierno, por lo que decidieron proceder por la vía legal como uno de los mecanimos accesibles a la ciudadanía. ‘Exigimos un proceso transparente donde realmente se pueda entender y abrir el espacio al pueblo para discutir las formas de inversiones millonarias’, dijo.

El pasado mes de abril, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, en entrevista con NotiCel, informó que se estaban llevando a cabo unas investigaciones para determinar el estatus de los permisos y del proyecto. Marxuach apuntó que tras la insistencia de los vecinos, la alcaldesa celebró vistas públicas en la Legislatura Municipal, en la cual los residentes expusieron sus ponencias.

Sin embargo, denunció que entre la Junta de Planificación y el Municipio empezaron ‘a pasarse la bola de agencia y agencia para intentar canalizar los permisos de construcción’. Además, Marxuach explicó que los cambios que propusieron para atender sus preocupaciones se resumían en pequeños cambios estéticos sin atender efectivamente las necesidades ciudadanas, ambientales y sociales.

Incluso, el licenciado Saadé contó que entre los demandantes figuran líderes comunitarias que pertenecen a la Junta de la Comunidad, un organismo creado por la Alcaldesa que trabaja con la Oficina de Ordenación Territorial, cuya función principal es promover la participación ciudadana en el plan territorial. ‘No cumplieron con el plan territorial ni con la consulta a la Junta de la Comunidad’, dijo.

De haberse llevado a cabo una consulta con los vecinos, de mano con la lógica de participación comunitaria, Marxuach dijo que los vecinos hubiesen intentado enmendar el proyecto para reducir el impacto negativo a nivel ambiental, social y económico.

‘Los vecinos estamos claros que un paseo de bicicleta, una línea, un carril, no es un proyecto de 50 millones, y no tiene por qué afectar la naturaleza del lugar ni impactar la costa. Es un proyecto que realmente toca tantos niveles, todo el tejido social, físico, ecológico, que se ha intentado hacer de una manera en ‘fast track’ para no tener que consultar a ninguna de las partes’, concluyó la demandante.