El Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Mark Anthony Bimbela, reaccionó preocupado por las expresiones del Juez Asociado del Tribunal Supremo, Erick Kolthoff, en una actividad religiosa.

El Presidente del CAAPR insinuó que Kolthoff abusó su poder como juez asociado del Tribunal Supremo y atentó contra la democracia al incurrir en una conducta sin fiscalización distinta a la que distingue a los jueces de menor jerarquía.

El letrado enfatizó que las expresiones de Kolthoff pudieran tener repercusiones en los jueces cuyas decisiones él mismo tiene que confirmar o revertir como miembro del Tribunal Supremo, lo cual puede influenciar determinaciones judiciales.

Bimbela hizo sus expresiones a raíz de una noticia publicada el sábado por NotiCel, en la cual Korlthoff dijo, entre otras cosas, que la doctrina constitucional de separación de iglesia y estado ‘ha impuesto límites sobre los individuos religiosos y las iglesias, restándoles sus derechos constitucionales de libertad de expresión y credo y a la vez mirando con sospecha leyes a las que se les perciba un propósito religioso o que beneficie la religión’.

El Presidente del CAAPR expresó que las expresiones de un Juez del Tribunal Supremo sobre una doctrina constitucional que pudiera estar bajo su consideración en cualquier momento, son altamente preocupantes y maculan el carácter de imparcialidad que debe imperar en la judicatura, especialmente en el foro que establece jurisprudencia en el País y es el último intérprete de nuestra Constitución.

Añadió Bimbela que ‘los y las miembros de la judicatura en Puerto Rico, en su gran mayoría, se distinguen por su imparcialidad al momento de emitir juicios. Eso no significa que no sean parte de la sociedad y que no tengan sus credos e ideologías personales, pero cuando la adjudicación se lleva a cabo no en los hechos ni en la ley, y sí basados en una forma específica de pensamiento, se coloca en peligro la democracia y los derechos de las personas.’

Por otro lado, el Presidente del Colegio cuestionó cuál hubiese sido el trato a un juez del Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones, si hubiese realizado esos mismos comentarios o se hubiese expresado a favor o en contra de algún derecho o controversia jurídica.

‘Lo cierto es que a los jueces de tribunales inferiores se les fiscaliza y evalúa con mayor severidad, distinto a los jueces del alto foro, a quiénes los procesos de disciplina judicial no les aplican’ sentenció. ‘Más aún, cualquier solicitud de inhibición recaería en el poder decisional del mismo juez, lo que permitiría que la ciudadanía quede indefensa al momento de alegar algún tipo de conflicto de interés o parcialidad’.

‘Una Rama Judicial independiente e imparcial es uno de los pilares en los que se apoya una sociedad de derecho democrática. La confianza del pueblo en esta requiere que al momento de acudir a las salas judiciales se tenga la certeza de que los jueces y juezas van a decidir conforme a derecho y no a sus intereses personales, sean políticos, sociales o religiosos. Las expresiones del Juez Kolthoff ponen en peligro esa confianza.’, concluyó Bimbela.

Por su parte, un pequeño grupo de ciudadanos que rechaza la intromisión en sus creencias personales, casi calificó las expresiones de Kolthoff con una especie de fornicación o un concubinato con el Poder Ejecutivo.

‘Rompamos con eso ya! Queremos una sociedad verdaderamente inclusiva, donde las ideas y los derechos de todos sean igualmente aceptados y respetados’, predicóDarío Ortiz, portavoz del momivientoHumanistas Seculares de Puerto Rico. ‘Donde el gobierno se dedique a servir a sus ciudadanos y no a predicar. Donde las leyes y las decisiones judiciales estén basadas en la razón y no en criterios religiosos ajenos al Derecho. Donde el estado no nos diga lo que tenemos que pensar ni nos dicte lo que debemos o no creer. No al matrimonio de la iglesia con el estado!’

El Estado utiliza su poder y sus recursos para promover alguna idea religiosa por encima y a exclusión de las demás,agregó Ortiz.

Añadió que no sólo da la apariencia, sino que en efecto está imponiendo una religión oficial del Estado contraria a las convicciones personales de muchos de sus ciudadanos y contrario mandato expresamente dispuesto en la Constitución.

‘Pero, y cómo se refleja esto y como nos afecta a todos, pero a los ateos, agnósticos, librepensadores y no creyentes en general?’, predicó.

‘Lo vemos frecuentemente en la forma de cultos y otras actividades religiosas realizadas por agencias del gobierno, sin importar las convicciones de los demás empleados quienes no necesariamente comparten la creencia de la aparente religión oficialista’.

Los manifestantes denunciaron que los hijos de los contribuyentes son sometidos a los ritos religiiosos y las instalaciones gubernamentales son utilizadas en contra de las creencias de ateos, agnósticos y ciudadanos quienes se niegan a seguir doctrinas acostumbradas.

‘Lo vemos cuando jueces del Tribunal Supremo, el máximo foro llamado a velar por la justicia y por los derechos de todos nosotros, citan pasajes bíblicos para fundamentar sus opiniones como si fueran fuente de Derecho en nuestro Paí, expresó Ortiz. ‘O cuando nuestros legisladores rehúsan si quiera considerar posibles proyectos de ley solo por que hieren las sensibilidades de algún grupo religioso en particular, y sin importar los avances que puedan aportar estos proyectos para tener una sociedad más justa’.

Señaló que lo mismo ocurre cuando los niños son obligados a orar o rezar en las escuelas y participar en actividades culturales, tales como navidades, Pascuas y otras tradiciones cristianas.

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