Dos contadores públicos autorizados se encontraron en lados opuestos sobre la validez de un proyecto senatorial que pretende regular acuerdos finales, como el que el Departamento de Hacienda hizo con Doral Bank en 2012 en el cual se comprometió a pagarle un reintegro de $230 millones.

El Proyecto del Senado 1245, discutido en un foro organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, pretende permitir que decisiones administrativas y acuerdos sean dados a la luz pública resguardando la identidad de la personas, siempre y cuando tengan algún efecto en la política pública. También obliga al Secretario de Hacienda a radicar informes trimestrales a la Legislatura sobre los efectos de dichos acuerdos.

La legislación de los senadores José Nadal Power y Ramón Luis Nieves busca evitar que situaciones similares a la de Doral Bank se repitan. En ese sentido, se dispone que en aquellos casos en que el acuerdo final concertado entre el Departamento de Hacienda y el contribuyente exceda el uno por ciento del Presupuesto de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con cargo al Fondo General del año fiscal inmediatamente anterior a la fecha de firma de dicho acuerdo, tendrá que ser ratificado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Asimismo, el acuerdo tendrá que ser aprobado por ambos cuerpos legislativos mediante Resolución Conjunta.

Aunque el presupuesto actual asciende a $9,565 millones, el presupuesto de gastos es de $4,915 millones por lo que cualquier acuerdo que se haga ahora tendría que ser mayor de unos $49 millones para que se active el mecanismo de la ratificación.

La medida viene como consecuencia de un litigio relacionado al acuerdo entre Doral Bank y el gobierno de Puerto Rico en el 2012 y en el cual el Departamento de Hacienda se comprometió a pagarle un reintegro al banco de $230 millones al alegar que la institución financiera había hecho unos sobrepagos. Esto es porque unos vales o’interest only strips'(IOS) se transformaron en reintegros.

Luego de resumir lo que sucedió en el litigio en donde una jueza válido el acuerdo al encontrar que no hubo fraude ni falsa representación por parte del banco, el abogado y contable, Pedro Hernández, expresó preocupación de que la medida no sea el remedio más adecuado porque la misma podría violentar el derecho a la privacidad de los contribuyentes y presenta una intromisión del poder legislativo sobre el poder ejecutivo.

Hernández dijo que los acuerdos finales constituyen un contrato de transacción extrajudicial autorizado por el Código de Rentas Internas, por lo que la autoridad para llegar a los mismos no debe ser limitada.

Asimismo, destacó que la intervención de otras agencias del gobierno limita severamente la posibilidad a que se lleguen a dichos acuerdos. La intervención de la Legislatura en la aprobación de dichos acuerdos podría adolecer de inconstitucionalidad porque sería una rama interviniendo en los poderes delegados a la rama ejecutiva e introduciría el elemento político en el proceso.

Según Hernández, el proyecto es uno de reacción ‘y eso no es bueno…Eso como cuando usted tiene muchos mosquitos y al tratar de matar los mosquitos, usted mismo se da una galleta’, comparó.

De otra parte, el contable y abogado, Kenneth Rivera, expresó preocupación de que no se entrara en consideraciones de política pública a la hora de evaluarse el acuerdo por el Tribunal, y destacó que el caso de Doral muestra la necesidad de tener un tribunal contributivo para dilucidar estos casos.

‘Yo conceptualmente creo que es un espacio en la dirección correcta’, dijo Rivera, para agregar que el proyecto se puede afinar para lograr su cometido.