Cuando ya el Gobernador había salido del teatro de La Fortaleza y la conferencia de prensa había culminado, el secretario de Educación, Rafael Román, expresó el miercoles su disconformidad con las expresiones del juez federal Jose A. Fuste, al advertir en un parte de prensa que los jueces no tienen poderes omnipotentes, ni son intocables. Las expresiones se dieron a pocos minutos de que Alejandro García Padilla reconociera que había que ‘exigir más al Departamento de Educación (DE)’.

En una opinión de 31 páginas, relacionado a un caso de una niña con Síndrome Down a quien no se le proveyó asistente de educación especial, Fusté expresó que la negligencia del DE ha conseguido construir un sistema donde se priva ‘intencionalmente’ a los niños y niñas de recibir la educación apropiada. Amenazó incluso con ordenar desacato civil o criminal contra aquellos funcionarios que incumplan con las normas de ese caso particular.

El secretario se expresó molesto con las expresiones del juez, e indicó que hay muchas escuelas con resultados sobresalientes. ‘El Departamento ha está dispuesto a trabajar su responsabilidad, a cumplir con su responsabilidad. He estado dando instrucciones siempre de cumplir con los tribunales’, comentó Román. Entonces agregó: ‘si es cuestión de matices, los jueces tampoco en este país son intocables’. Recordó que todo tiene sus límites y que los jueces tampoco ‘tienen poderes omnipotentes’.

Momentos antes, el Gobernador había reconocido que había que mejorar el nivel de supervisión, que ‘en demasiadas veces no ha habido’, pero indicó que es parte de lo que está mirando su administración con la reestructuración administrativa. El recién estrenado secretario de la Gobernación, Victor Suárez, visitó sorpresivamente el DE para solicitar a Román el calendario de trabajo de esa reestructuración. Se informó que el borrador estará listo dentro de unos pocos meses.

‘Estoy totalmente de acuerdo con las expresiones del juez… Tenemos que exigir más al DE, tenemos que lograr más en el salón de clases’, dijo García Padilla, previo a hacer una nota aclaratoria: ‘pero para que funcione la educación de nuestros hijos, tenemos que exigirle responsabilidad a los padres y las madres, tutores y encargados. El que no se sienta a estudiar con los hijos… a mí que no me diga que ama a sus hijos’.

En cuanto a las acusaciones del juez de que metería presos a los funcionarios por incumplimiento, García Padilla coincidió en que se haga si se prueba un delito, pero aclaró: ‘nadie va preso por cometer una falta administrativa’.

En un intento por suavizar la impresión negativa de las escuelas públicas, el Gobernador recordó que este año de los mejores diez resultados del College Board, seis fueron de estudiantes del sistema público. ‘No se puede permitir que se estigmatice la escuela pública vs. la escuela privada’, dijo.

En una conferencia de prensa improvisada el martes, Román especificó que los planes de reestructuración que están contemplando son para agregar ‘garras administrativas’ a la Ley 149 de 1999, que otorga a las escuelas la debida autonomía fiscal y académica. ‘A veces las decisiones vienen como un zig zag, de un lado a otro, hasta que llegan a ese nivel, y quien se ve perjudicado es el estudiante. Vamos a gerenciar un DE que rompa con esa estructura(…) y una re ingeniería de la agencia para que los recursos estén más cercanos de la escuela’, adelantó, en una mesa redonda junto al Secretario de la Gobernación.

Suárez agregó, por su parte, que también velarían porque las responsabilidades de las plantas físicas estén más cerca de las escuelas. Enfatizó que en estos momentos la responsabilidad cae sobre la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas (OME), la Autoridad de Edificios Públicos y los municipios, ‘entonces a la hora de buscar quién tiene que atender la infraestructura de la escuela, es muy difícil hacerlo, y eso tiene que ser parte del plan’, indicó.

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