La compañía Excelerate Energy y la Autoridad de Energía Electrica (AEE) intentaron sin suerte mantener oculto un contrato de más de $52 millones relacionado al desarrollo del Aguirre Gas Port, un terminal marítimo que transportaría Gas Natural Licuado a la planta de la AEE en Salinas.

No logrado el aval de la Oficina del Contralor para mantener en secreto el acuerdo con Excelerate, la AEE sometió el documento pero censurado: todos los números de tarifas y las fechas fueron borradas con tachones. Tras el hallazgo realizado por del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Contralora, Yesmín Valdivieso, aseguró que solicitará de inmediato a la corporación pública que someta el contrato de forma íntegra en 30 días.

Además, la Contralora dejó la puerta abierta para referir a la AEE al Departamento de Justicia por incluir una cláusula de pago retroactivo en otro contrato pactado con Aguirre Offshore GasPort, subsidiaria de Excelerate Energy. Mediante esta cláusula, la AEE pagó $1,822,177.34 en fondos públicos a Aguirre Offshore GasPort por trabajos realizados antes de la firma del contrato, un ‘Acuerdo de Infraestructura’ por $227,444,113.85. Valdivieso explicó al CPI que también podría ordenar a la AEE que solicite el repago del dinero.

‘Ellos pusieron una cláusula retroactiva para cobrar por servicios de antes de la firma del contrato, yo entiendo que eso no está correcto. Se supone que no pagues antes de que comiences el servicio, eso lo dice la Ley 230’, declaró Valdivieso, refiriéndose a la Ley 230 de 1974, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.

‘Estamos auditando el área de compra de combustible y no sé si ese contrato caiga dentro de esta auditoría. Lo más que puedo hacer es señalar que se pagó por servicios de antes de la firma de contrato y la AEE tendría 30 días para subsanar’, añadió Valdivieso.

El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, no ha contestado múltiples peticiones de entrevista hechas por el CPI durante más de tres semanas, aunque ha ofrecido declaraciones a otros medios. El pasado 25 de agosto, por ejemplo, Alicea concedió una entrevista a Radio Isla donde reconoció, como había informado el CPI, que la AEE no tiene el financiamiento para el proyecto del Aguirre Gas Port.

El proyecto consiste, según la página web de Aguirre Offshore, de un terminal flotante de Gas Natural Licuado que incluye una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación, una infraestructura para amarrar el buque y una línea submarina para suministrar el gas desde el terminal marítimo hasta tierra firme. El terminal tiene la capacidad para transportar, almacenar y convertir el gas natural licuado a su estado gaseoso, un proceso conocido como ‘regasificación’. El costo de la construcción y operación de los terminales flotantes, según la compañía, es significativamente menor que la construcción y operación de una instalación en tierra con capacidad similar.

Para el desarrollo del Aguirre Gas Port, la AEE registró el 17 de marzo de este año tres contratos que ascienden a 280 millones con Excelerate Energy Puerto Rico y su subsidiaria Aguirre Offshore GasPort. El primero, por $52 millones, es el acuerdo de ‘Exclusividad para el almacenamiento y regasificación de gas natural licuado’, que intentaron ocultar y que ahora está registrado, pero lleno de tachones. El segundo, por más de $227 millones, es el ‘Acuerdo de Infraestructura’, por el cual se desembolsaron $1.8 millones por trabajos realizados antes de que se firmara el contrato. El tercero es un acuerdo de ‘Operación y Mantenimiento’ con tope de $499,900. Los tres contratos fueron divulgados por el CPI en la investigación Dinero público en riesgo por el Aguirre Gas Port.

Falta de transparencia en el uso de fondos públicos

Por qué Excelerate y la AEE intentaron ocultar al público un contrato de ‘Exclusividad para el almacenamiento y regasificación de gas natural licuado’ por más de $52 millones que se pagarían con fondos públicos? Yesmín Valdivieso explicó al CPI que la razón dada fue que el documento contiene ‘secretos de negocio’. No obstante, la Contralora entendió ‘no era necesario proteger los rates (tarifas) del contrato’. Lo cierto es que a la fecha, no se conoce el detalle crucial de cómo se le compensará a Excelerate con dinero público. El contrato también fue solicitado directamente por el CPI a la agencia, pero no lo ha provisto.

A la pregunta de cómo la AEE logró registrar dos contratos irregulares en la Oficina del Contralor desde el 17 de marzo de 2014 sin que su personal se diera cuenta, Valdivieso explicó que su oficina recibe alrededor de 100,000 documentos al año y que los mismos no se revisan al momento, sino mediante auditorías posteriores. Por eso, aseguró, no puede prohibir que se registre y someta algún contrato sino que, si en el proceso de auditoría se percatan de algún error o irregularidad, entonces pueden exigir reparo. En este caso, la Contralora se enteró de las irregularidades por medio del CPI.

Por esa razón, Valdivieso indicó que tiene intenciones de establecer un nuevo tipo de reglamento para que los contratos más grandes del gobierno, de cierta cantidad en adelante, sean auditados de inmediato.

Las vistas públicas relacionadas con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto están pautadas para el próximo 9 de septiembre en el Club de Leones de la Avenida Los Veteranos en Guayama y el 10 de septiembre en la Marina de Salinas. Ambas se llevarán a cabo a las 4:00 de la tarde.

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