Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR) y Pro-Bono, Inc (PBI) radicaron el lunes una petición ante el Tribunal de Supremo de Puerto Rico para comparecer en calidad de amigo de la corte (‘amicus curiae’) en el caso en que se impugna la constitucionalidad de la Ley 109-2014 que restablece la colegiación compulsoria para los abogados y abogadas que ejercen la profesión legal en Puerto Rico.

El planteamiento en el que las mencionadas organizaciones basan su petición es que de derogarse la Ley 109 se perderían dineros que podría allegar el recién creado Fondo para el Acceso a la Justicia, ya que la ley provee para que aquellos abogados y abogadas que objeten alguna actividad del Colegio de Abogados de Puerto Rico puedan remitir las porciones de sus cuotas al Fondo.

‘El reto que enfrentamos las pocas entidades que asistimos en proveer acceso a la justicia en el campo civil — SLPR, PBI, la Oficina Legal de la Comunidad (OLC) y las clínicas de asistencia legal de las facultades de derecho — se acentúa por un descenso marcado en los recursos financieros disponibles en los últimos años. Por razones de recortes impuestos por el Congreso federal y por ajustes basados en número provistos por el Censo, la subvención provista por LSC a SLPR se redujo de $18.9 millones anuales al comienzo de 2011 a sólo $11.2 millones en 2014 – casi un 40% menos. La OLC y PBI (que depende de SLPR para casi la mitad de su presupuesto) han sufrido recortes similares en sus fondos. Esto ha llevado a la reducciones en personal, incluyendo múltiples plazas de abogados y abogadas – los proveedores de servicios primarios – y una disminución en los casos atendidos’, señaló el licenciado Charles S. Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico.

El recurso recalca la consideración que debe tomar en cuenta el Tribunal Supremo al determinar la constitucionalidad de la Ley 109 por el impacto general que esto podría tener en el acceso a la justicia para los más necesitados del País.

La petición fue radicada como parte del pleito consolidado por los recursos radicados por el senador Thomas Rivera Schatz y la Asociación de Abogados de Puerto Rico, en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Colegio de Abogados de Puerto Rico.

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