La Cámara de Representantes federal aprobó la Ley de Servicios Financieros y Asignaciones Generales del Gobierno para el Año Fiscal 2015, en cuyo informe el Congreso insta al Departamento del Tesoro a proveer asistencia tecnica al Gobierno de Puerto Rico, según anunció hoy el comisionado residente, Pedro Pierluisi.

‘Puerto Rico está confrontando la peor crisis económica y financiera en su historia. La crisis tiene sus raíces en la desigualdad de su estatus político como territorio y ha sido empeorada por las medidas imprudentes del gobierno local. El informe que acompaña la ley que aprobó hoy la Cámara de Representantes federal lo reconoce: el Congreso expresa preocupación sobre la manera en que el Gobierno de Puerto Rico ha manejado la crisis y le solicita al Departamento del Tesoro que intervenga y le provea ayuda para administrar los dineros públicos del territorio’, dijo Pierluisi.

Específicamente, en el informe de la ley, la Comisión de Asignaciones de la Cámara federal ‘insta al Departamento [del Tesoro] a proveer asistencia técnica a Puerto Rico para estabilizar y fortalecer sus sistemas de administración financiera pública y de administración financiera’.

‘La ayuda técnica debe incluir ayudar al Gobierno de Puerto Rico a estimar con exactitud los ingresos, ya que el gobierno actual los ha sobrestimado sustancialmente, lo que a su vez les ha hecho perder credibilidad con los inversionistas, casas acreditadoras y el público. Por ejemplo, para el año fiscal que acaba de concluir el gobierno local sobrestimó por casi 500 millones de dólares los recaudos que obtendría’, dijo Pierluisi.

En noviembre de 2013, el Task Force de Casa Blanca sobre el Estatus de Puerto Rico anunció que estaría creando un equipo interagencial para trabajar con el Gobierno de Puerto Rico para ‘fortalecer la situación fiscal y el panorama económico de Puerto Rico’.

El Gobierno de Puerto Rico, incluyendo sus corporaciones, tiene más de $70 billones en deuda, cantidad mayor al producto nacional bruto del territorio. En los últimos meses, los bonos de casi todas las 17 entidades de Puerto Rico que emiten deuda han sido degradados a chatarra. El mes pasado, el gobierno aprobó una ley que le permitirá a ciertas corporaciones públicas reestructurar su deuda, lo que desató otro ciclo de degradaciones y una demanda en el tribunal federal cuestionando su constitucionalidad.