El gobernador Alejandro García Padilla prometió durante su Mensaje de Situación de Estado limitar el activismo político por parte de los empleados públicos en las dependencias gubernamentales lo que, si se ejecuta como se ha hecho en el gobierno federal, implicaría un cambio sísmico en el servicio público.

‘Hay que despolitizar al gobierno. Los partidos políticos son una herramienta valiosa de la democracia. Pero cuando sus intereses derrotan el profesionalismo en la gestión del Estado, hay que poner orden. Y pondremos orden’, puntualizó García Padilla.

Según el Primer Mandatario la limitación a los funcionarios públicos tratarían de emular ciertos estatutos federales.

La Ley Hatch del 1939 prohibe a los empleados públicos federales recaudar fondos para candidatos, buscar algún puesto electivo y participar activamente en las campañas políticas. Incluso, castiga con cárcel el prometer empleo público a cambio del activismo político así como el condicionar la permanencia de dicho empleo a la realización de alguna actividad política.

Entre las actividades prohibidas, están: ser miembro del comité de un partido, o ser un oficial de un partido, organizar un grupo político, cualquier manejo de donativos políticos, participar en la gerencia de una campaña política, ser oficial de colegio, dirigirse al público en una actividad partidista, y transportar o promover el movimiento de electores a las urnas.

Sin embargo, la Ley permite a los empleados públicos participar de procesos eleccionarios; emitir opiniones tanto en privado como en público sobe asuntos políticos y candidatos; mostrar alguna insignia de algún partido; participar en actividades no partidistas con fines cívicos, comunitarios, sociales, laborales y profesionales; pertenecer a algún partido político o asistir a convenciones políticas; firmar peticiones políticas; servir como juez electoral o secretario, entre otros.

Como sanciones la Ley puede incluir desde amonestaciones por escrtio, la retención de dos años de la compensación de los empleados que violen el estatuto, la destitución, o procedimientos penales.

Todo este esquema ya fue avalado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que, en un caso de 1947 estableció que ‘la influencia de la actividad política en los empleados públicos, si es maligna en sus efectos en el servicio, los empleados o el público, no es menos maligna porque se lleve a cabo fuera de horas laborables’. Además, dijeron que ‘no le vemos la objeción constitucional’ a leyes que busquen ‘mantener la disciplina apropiada en el servicio público’.

En el pasado, la exgobernadora Sila Calderón no quiso dar paso a una emulación de la legislación federal.