El Departamento de Justicia radicará una tercera ronda de acusaciones en el caso por fraude electoral en Guaynabo antes de que concluya este mes y hará lo propio con un grupo menor de personas que serán acusadas por el fraude electoral en Cataño.

Así lo cinfirmó a NotiCel el fiscal a cargo en ambos casos, Edmanuel Santiago, quien, sin embargo, no precisó la fecha exacta de cuándo se realizarán las acusaciones.

‘Se va a radicar este mes un tercer grupo de Guaynabo y el de Cataño’, dijo el fiscal.

Fiscalía pide inhibición de juez en caso fraude electoral en Guaynabo

Mientras, el ministerio público solicitó la inhibición de uno de los jueces que encabeza el proceso judicial contra un grupo de acusados por el fraude electoral en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo por violar cánones de ética al solicitar directamente documentos a uno de los testigos del caso.

En la Moción solicitando Inhibición, radicada hace dos días, la fiscal a cargo del caso, Lorraine Pietri Colón, y el director de la División de Integridad Pública, fiscal Alberto Valcárcel, presentan evidencia de que el juez Pedro Saldaña Rosado se comunicó directamente con el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, Walter Vélez Martínez, quien será uno de los testigos de cargo.

De acuerdo con los fiscales, el juez llamó al secretario de la CEE y le solicitó unos documentos que el funcionario electoral le envió a la secretaria del magistrado, Edna Ramos, a su correo electrónico.

Los documentos solicitados fueron la ‘Actualización de datos del elector’ y el que se llama ‘Petición de inscripción’. Ambos documentos se utilizan para las transacciones en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).

A los acusados se les imputa haber hecho transacciones fraudulentas para poder ejercer el derecho al voto en colegios donde no les correspondía.

‘Respetuosamente, entendemos que el honorable juez Pedro Saldaña Rosado transgredió todos estos cánones al solicitar prueba documental que eventualmente tendría ante su consideración en la vista preliminar del presente caso. Más aún, el juez Saldaña Rosado se comunicó con uno de los testigos de cargo, Walter Vélez Martínez, secretario de la CEE. El cual le explicó el contenido de dichos documentos. De esta forma, el juez Saldaña Rosado ha tenido contacto previo con parte de la prueba del caso. A estos efectos, respetuosamente solicitamos que se declare la inhibición del honorable juez Pedro Saldaña Rosado’, indica la moción en poder de NotiCel.

En tanto, el Tribunal Supremo falló a favor de la fiscalía al declarar ‘no ha lugar’ la solicitud de la defensa para que los cargos criminales fueran desestimados, pues alegan al caso aplica el principio de especialidad.

Según la defensa, los cargos criminales no proceden por haberse cometido en un proceso electoral que es regido por la Ley Electoral y no el Código Penal.

El presunto esquema de fraude consistió en que directores de dependencias municipales y empleados de nivel intermedio de Guaynabo visitaron urbanizaciones de clase alta de ese ayuntamiento para hacer un inventario de residencias de alquiler y que estuviesen a la venta para ser utilizadas fraudulentamente en las pasadas primarias del PNP.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, no fue acusado debido a que fue exonerado de toda responsabilidad por un comité ad hoc de la CEE que investigó el fraude.

El informe, que contiene 183 páginas y un voluminoso anejo que fue referido al Departamento de Justicia, señala que hubo 50 electores que cometieron fraude al realizar trasferencias ilegales de residencia para favorecer a ambos candidatos: Antonio Soto, el protegido de O’Neill y proclamado como vencedor; y el derrotado candidato, Ángel Pérez.

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