En la compra de dos propiedades, generadores eléctricos, la cesión del lago de Levittown, unidades vehiculares robadas y pérdida total por accidentes.

La contralora Carmen Vega Fournier informó el miércoles que una auditoría al Municipio de Toa Baja identificó deficiencias en compras de propiedades, registros de activos, generadores eléctricos, inventarios, notificación de pérdidas y fiscalización interna.

El Informe de Auditoría OC-26-50 tuvo una opinión cualificada y cubrió el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2025, siendo alcalde Bernardo «Betito» Márquez.

Entre los hallazgos, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) señaló que el municipio adquirió nueve propiedades inmuebles por $601,500 durante el periodo auditado. La auditoría evaluó dos de esas propiedades, un garaje de gasolina y un edificio de dos niveles, adquiridas por $277,000. Según el informe, los informes de valoración no fueron revisados por un tasador revisor ni remitidos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

En el caso del edificio de dos niveles, la valoración usada tenía 883 días de emitida al momento de la compraventa. Auditores de la OCPR observaron luego que ambas propiedades no estaban en uso y se encontraban en estado de abandono.

El informe también indica que, al 12 de noviembre de 2025, el municipio no había inscrito en el Registro de la Propiedad la escritura de cesión del Lago de Levittown.

Otra deficiencia corresponde al registro de propiedad mueble. La Contralora informó que 893 unidades adquiridas por $1,499,306 no estaban registradas en el módulo de Activos Fijos.

La auditoría también encontró que el registro manual de propiedad tenía 326 unidades sin información completa, como fecha de adquisición, descripción, costo o localización.

En el manejo de generadores eléctricos, el informe señala que el municipio adquirió 111 generadores portátiles por $141,414. De esos, prestó 61 generadores valorados en $34,514.

La OCPR determinó que el municipio no tenía reglamentación para la cesión temporera de generadores. Además, 10 generadores valorados en $5,443 no fueron localizados durante inspecciones físicas.

El informe detalla que tres de esos generadores fueron entregados a residentes en calidad de préstamo. Luego de las visitas de los auditores, personal municipal presentó querellas ante la Policía por esos tres equipos, valorados en $1,648.

La auditoría identificó además que no se realizaron inventarios físicos anuales de la propiedad en los años fiscales 2020-2021, 2021-2022 y 2024-2025, y que otros inventarios quedaron incompletos.

Sobre pérdidas y accidentes, la OCPR indicó que el municipio no notificó 45 casos, entre ellos 40 accidentes de vehículos municipales y cinco casos de pérdida, hurto o vandalismo.

Al 26 de agosto de 2025, tampoco se habían dado de baja del Registro de Activos Fijos 33 unidades reportadas como hurtadas o desaparecidas, con valor en libros de $52,365.

La Contralora sostuvo que no se realizaron investigaciones administrativas sobre 54 pérdidas de propiedad ni 41 accidentes para determinar responsabilidades.

En sus comentarios incluidos en el informe, el alcalde Bernardo Márquez García indicó que “fue nombrada una segunda Encargada de la Propiedad y se asignó un nuevo recurso”.

Sobre las propiedades adquiridas, el municipio sostuvo que “las mismas se encuentran consideradas como parte de los análisis que se realizan para los proyectos de mejoras a ser ejecutados en el Casco Urbano”.

La Oficina de la Contralora mantuvo los hallazgos y recomendó cumplir con el Plan de Acción Correctiva, registrar toda la propiedad adquirida, reglamentar la cesión de generadores, localizar los equipos no encontrados y remitir a tiempo las notificaciones requeridas.

“Exhortamos al Municipio a continuar fortaleciendo sus procesos administrativos y controles internos que ayuden a mejorar la eficiencia de sus operaciones”, sostuvo Vega Fournier.