«El presupuesto revisado para el año fiscal 2026 no tiene relación alguna con el presupuesto para el año fiscal 2027, que la Junta de Supervisión había certificado anteriormente», indicaron.
Personas sostienen un cartel durante una manifestación para exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace una década por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas, este martes en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Esther Alaejos
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que ayer anunció que el gobierno y la Legislatura no pudieron ponerse de acuerdo en torno al presupuesto que acaba de finalizar, subrayó hoy que si bien el ente fiscal tuvo que certificar su propio informe de ingresos y gastos, será una auditoría la que determinará si este pasado presupuesto puede ser considerado como uno de los cuatro consecutivos para que el organismo que controla las finanzas del país se vaya.
«El presupuesto revisado del año fiscal 2026 certificado por la Junta de Supervisión fue y continúa siendo un presupuesto que podría considerarse conforme con las condiciones para la disolución la Junta de Supervisión, en virtud de la Sección 209 de PROMESA, si la auditoría financiera independiente del Gobierno de Puerto Rico determina que el presupuesto del año fiscal 2026 se mantuvo equilibrado bajo los estándares de contabilidad de acumulación modificada, según lo exige PROMESA», lee una declaración oficial.
En el escrito se repasa la cadena de eventos que dio paso a la confusión que se ha creado y cómo el presupuesto presentado para el gobierno para el año fiscal 2026 reflejaba una enmienda para incorporar ingresos que no se habían presupuestado, como parte habitual del proceso de cierre del presupuesto al final del año.
«El presupuesto revisado para el año fiscal 2026 no tiene relación alguna con el presupuesto para el año fiscal 2027, que la Junta de Supervisión había certificado anteriormente. El presupuesto revisado del año fiscal 2026 fue elaborado por la Junta de Supervisión, ya que ni la Gobernadora ni la Asamblea Legislativa presentaron oficialmente un presupuesto revisado para la certificación por parte de la Junta de Supervisión dentro del calendario establecido al amparo de la Sección 202(a) de PROMESA», indicó la Junta.
«De hecho, en la tarde del 30 de junio de 2026, fecha de cierre del año fiscal, no se había alcanzado acuerdo sobre las enmiendas al presupuesto revisado del año fiscal 2026. Por lo tanto, la Junta de Supervisión aprobó un presupuesto revisado del año fiscal 2026 que es conforme con el Plan Fiscal para Puerto Rico, como también lo es el presupuesto final para el año fiscal 2026», agregaron.
Se refirieron al uso de unos $35 millones para mejoras en carreteras.
«El nivel del gasto del Gobierno no estaba en discusión. Más bien, la Gobernadora y la Asamblea Legislativa no lograron alcanzar un consenso sobre ciertos asuntos, lo que dilató el proceso para elaborar un presupuesto revisado de forma conjunta para el año fiscal 2026», indicaron.
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