El gobernador electo, Alejandro García Padilla señalo el sábado que tenía conocimiento previo de la demanda de violación por derechos civiles presentada por el Departamento de Justicia federal y que ya se encuentra en el proceso de negociar las soluciones a las violaciones que en ella se denuncian.

‘Una de las reuniones que tuvimos fue con el director, y algunos funcionarios, de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ellos nos pusieron sobre aviso de la demanda, incluso nos dijeron el día en que sería presentada’, dijo García Padilla refiriéndose a la reciente visita que hiciera a Washington, y en la que se reunió con distintos funcionarios para discutir sobre el tema de la criminalidad en la isla.

García Padilla aseguró que en ese entonces los funcionarios federales se comprometieron a presentar con la demanda y el acuerdo negociado con la saliente administración del Gobernador Luis Fortuño, ‘una moción de paralización de los procesos porque será la nueva administración de gobierno la que tendrá que implementar el acuerdo’.

‘Se le está pidiendo al tribunal, por el propio demandante, que no tome acción sobre la demanda hasta que llegue la fecha de abril, en donde nosotros vamos a evaluar y a negociar cada uno de los elementos de ese acuerdo, que tengan necesidad de ser evaluados’, explicó García Padilla.

El viernes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda en el Tribunal Federal para obligar al gobierno y a la Policía de Puerto Rico a cumplir con las directrices que le impartió en 2011 con el fin de que cesen de violar los derechos civiles a la ciudadanía.

Cuestionado sobre cómo queda ahora el superintendente de la Policía Héctor Pesquera, principal negociador del acuerdo vigente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y quien además tiene un contrato con vigencia hasta marzo próximo con el gobierno de Puerto Rico, el gobernador electo señaló que está evaluando a todos los funcionarios de este gobierno y que si un funcionario va a continuar en su puesto, ‘no va a ser por virtud de un contrato como ese’.

‘Ese contrato, a mi juicio, no tiene valor jurídico alguno’, indicó García Padilla, quien comparó el contrato de Pesquera con la posibilidad de que él [García Padilla] en vez de designar a David Bernier como Secretario de Estado, ‘le diera un contrato de Secretario de Estado por 30 años’.

‘Eso no es válido. La posición de Superintendente es una posición de libre remoción. Si el Gobernador le quita la confianza el 2 de enero, el 2 de enero tiene que abandonar la posición’, señaló el entrante Gobernador.

No obstante, García Padilla señaló que ese no puede ser el objeto de la evaluación, sino ‘la seguridad de la gente en las calles’. Pero puntualizó que el informe del Departamento de Justicia federal ‘incide’ sobre eso porque, las calles son inseguras en la medida en que la Policía no combate adecuadamente el crimen.

‘Pero también son inseguras en la medida en que la Policía no le respeta los derechos civiles a los ciudadanos’, añadió el gobernador electo.

Empero, García Padilla rehusó confirmar o rechazar si mantendrá a Pesquera como Superintendente de la Policía, al menos hasta que culmine su contrato.

‘Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos evaluándolo a él, y a otros posibilidades, y se va a tomar la determinación a la luz de lo que más le convenga al país para, dos cosas: tener calles más seguras porque la Policía combate más efectivamente el crimen, y porque la Policía le respeta los derechos civiles a la gente’, dijo el gobernador entrante.

García Padilla recalcó además que en la lucha contra el crimen se habrá de usar el plan anti-crimen que él anunciara. ‘El plan no puede ser el de otro funcionario, ni el de la administración saliente’, sentenció García Padilla.

El nuevo gobernador, quien se caracterizó a sí mismo como ‘un gobernador pro policía’ dispuesto a atender los reclamos de ese cuerpo de manera ‘más comprensiva y justa’ que la presente administración, recalcó que de igual manera habrá de exigir más control.