El Partido Popular Democrático (PPD) sometió el viernes 10 denuncias de fraude en el voto a domicilio o de los encamados a la atención de las autoridades federales y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Las querellas fueron radicadas por el comisionado electoral del PPD, Eder Ortiz, quien acusó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de intentar alterar el resultado de las elecciones al intervenir ilegalmente con electores que votan a domicilio, como presuntamente ocurrió con una electora de 87 años, en Maricao.

Richard Alonso, hijo de la octogenaria, relató que su mamá recibió las papeletas para votar a domicilio, pero otras personas votaron por ella pasando por encima de su voluntad como electora.

‘Ella me dijo que la enegañaron y no marcaron la preferencia de ella. Quiero que mi madre pueda ejercer su derecho al voto como debe ser’, puntualizó Alonso.

Según Ortiz, en ese caso la comisionada electoral local del PNP, Tamariz Ayala, se apropió de las papeletas y votó bajo la insignia del PNP cuando la intención de Rodríguez era votar por el PPD.

Este caso está registrado en el acta de incidencias del 31 de octubre de la comisión local de Maricao, de la que se proveyó copia a este medio.

‘El PNP consistentemente, con la intención de violentar la ley, de influenciar el proceso electoral, ha estado interviniendo ilegalmente con electores encamados a pesar de que conocen que están violando la ley electoral, inclusive la ley federal’, manifestó el exsenador de minoría en una rueda de prensa en su oficina en la CEE, en Hato Rey.

Y, acompañado de Alonso, entregó un paquete de declaraciones juradas, querellas e informes para sustentar su denuncia.

‘Las irregularidades de las que estamos hablando confirman lo que hemos dicho desde hace tiempo, que el nacimiento de la enmienda al proceso de voto a domicilio no fue pensado para facilitar el proceso, sino con la inrtención de influir fraudulentamente en la voluntad de los electores’, puntualizó el exsenador en una rueda de prensa en su oficina.

Ortiz también denunció que algunos electores han recibido el doble de papeletas, que otras personas han ido a recoger los sobres con papeletas al correo y que algunos electores no han recibido todas las papeletas de votación, entre otras irregularidades.

‘Nunca pensé que habría gente tan inescrupulosa capaces de violentar el derecho constitucional de los electores puertorriqueños. Aquí alguien tiene que salir culpable por cometer fraude o intervenir en la voluntad de los electores’, puntualizó el funcionario.

El comisionado denunció que en Añasco, un miembro del PNP identificado como Franklin Rosado Rodríguez se hizo pasar por un líder de barrio del PPD para recoger los sobres con las papeletas de voto a domicilio, y que, en Santa Isabel, una comisionada del PNP llamada Victoria Reyes Martínez, alegó ser empleada de la CEE para llevarse unos sobres para presuntamente enviarlos por correo.

Según Ortiz, se presentaron querellas ante la Policía sobre ambos casos.

El comisionado popular explicó que optó por llevar su reclamo directamente a las autoridades federales porque desconfía de los procesos en el Departamento de Justicia local, dirigido por el secretario Guillermo Somoza, debido a cómo esa agencia manejó las denuncias de fraude en las primarias del PNP en Guaynabo.

‘Las irregularidades de las que estamos hablando confirman lo que hemos dicho desde hace tiempo, que el nacimiento de la enmienda al proceso de voto a domicilio no fue pensado para facilitar el proceso, sino con la intención de influir fraudulentamente en la voluntad de los electores’, manifestó el funcionario refiriéndose al cambio para que los electores reciban y envíen las papeletas con sus votos por correo.

Anteriormente, funcionarios de la CEE visitaban a los electores encamados, les tomaban el voto y se llevaban la papeleta bajo estrictas medidas de seguridad.

‘Esto ya no se trata de un asunto de política, sino de delincuencia, de violaciones a la Constitución, a la Ley Electoral y a las leyes federales. Estamos presentando las primeras querellas y sabemos que no serán las únicas. Aquí todo el que ha cometido un delito tiene que ser denunciado y procesado’, puntualizó Ortiz.