Los candidatos al Senado y la Cámara por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, respectivamente, urgieron el martes a la Autoridad de Puertos a explicar ?qué consideración se está dando a la posibilidad de que la propuesta de privatización del Aeropuerto Internacional resulte en un litigio millonario por el cual deba responderse con dinero público?.

Indicaron que según documentos presentados ante la Administración Federal de Aviación el 28 de junio de 2012, la compañía Caribbean Airport Facilities (CAF) ha solicitado a esa entidad que se cancele el proceso de autorización de la alianza público privada propuesta para administrar el aeropuerto, pues esa contratación pudiera generar cuantiosos daños económicos, que CAF estaría reivindicando en los tribunales.

Explicaron que CAF es una empresa que se dedica al manejo terrestre de la carga en el aeropuerto y a otros servicios. En el año 1988, CAF y la Autoridad de Puertos suscribieron un acuerdo mediante el cual la primera invertiría varios millones de dólares en la construcción de ciertas facilidades para carga y pasajeros, a cambio de un crédito aplicable a la renta que CAF pagaría por el uso de los terrenos objetos del contrato.

El acuerdo se ha renovado en varias ocasiones, según los independentistas. CAF cobra además por los servicios que se prestan en dicho espacio. A esta fecha, el valor de los créditos adeudados a CAF por razón de su inversión se calcula entre 19 millones de dólares (estimado de Puertos) y 41 millones (estimado de CAF). Tras un intento fallido de venta, Puertos inició a principios de año un proceso para expropiar el interés de CAF en el acuerdo arrendatario, pero desistió. En todo caso, CAF reclama que la información sobre el monto de los créditos no le fue provista a los tasadores comisionados por la Autoridad de Puertos y que por lo tanto el valor que se le reconocería, de cancelarse el arrendamiento, sería muy inferior al real.

En su comunicación a la FAA, los representantes legales de CAF advierten que, de no considerarse los intereses de su cliente en el proceso de privatización, estarán acudiendo a los tribunales.

‘Independientemente de quién tenga la razón en esa controversia, es fundamental que se aclare qué posición asumirá la Autoridad de Puertos, pues sería el colmo, que, tras someter al país a un negocio perdidoso como es la privatización del aeropuerto, también nos expusiéramos a un litigio que le costará aún más dinero a los puertorriqueños’, señaló Márquez.

‘Esta nueva interrogante se une a los demás cuestionamientos que han alarmado al país, sobre un proceso en el que, nuevamente, el gobierno cede a la prisa por generar una ganancia inmediata, aunque a largo plazo la pérdida supere cualquier beneficio’, apuntó Santiago.