Aspirantes de la Alianza de País alegaron que representantes de la campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, pidieron información privada a residentes mayores estando, a su vez, identificados como funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones.

El aspirante a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, denunció este jueves, acompañado de candidatos de la Alianza de País, un posible fraude electoral y cibernético que apunta a un uso irregular de las solicitudes de voto adelantado por parte de personal de campaña del alcalde Miguel Romero Lugo en una égida del sector Miramar, en San Juan.

Tanto Natal Albelo como el candidato de la Alianza a representante por el precinto 1 de la capital, Pedro Cardona Roig, condenaron directamente al coordinador novoprogresista del precinto, Francisco Cabello Domínguez y a Víctor Berríos Sierra, director ejecutivo de la oficina del representante Eddie Charbonier Chinea, y quien a su vez aspira a la legislación municipal por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Cardona Roig narró, en conferencia de prensa, que al llegar a las instalaciones de la égida en la mañana, divisaron a miembros de la campaña del actual alcalde gestionando un formulario que pedía información confidencial como número de Seguro Social, licencia de conducir, dirección física, entre otros datos personales.

Se indicó, además, que el documento venía acompañado de una solicitud para crear una cuenta de gmail con su contraseña que, según supuso Cardona Roig, podría ser manejada por un tercero para propósitos desconocidos.

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“Aquí hay una intención de crear unas cuentas que no controla el adulto mayor, lo controla un tercero. Tenemos que preguntarnos con qué propósito se hace esto. Cómo es posible que se vulnere la intimidad y los derechos del adulto mayor, porque aquí hay un tercero, que no es un familiar, que tiene el potencial de tomar decisiones para este adulto mayor”, expresó el candidato de la Alianza al precinto 1.

«El señor Cabello es una persona desaforada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el año 2003, por seis casos de fraude, falsificación de documentos, creación de sellos por plataformas electrónicas que llevaron al Tribunal a decir que no tiene la integridad moral para practicar el derecho», reveló.

El postulante aclaró que, en conversaciones con la directora del centro, fue él quien le presentó el formulario tramitado por los representantes del PNP, dejándole saber que dicho documento no era oficial de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Fue en ese momento, sostuvo Cardona Roig, que la directora ordenó paralizar el proceso que “podía comprometer a la población mayor que estaba a su cargo”.

“Tenemos que exhortar a todos los directores de égida a que tengan mucho cuidado con la gente que dejan entrar a las égidas para realizar este tipo de transacciones. Que estén identificados, que revisen los documentos, que estén presentes mientras se están realizando las conversaciones con los adultos mayores”, dijo Cardona Roig.

“Afuera escuchaba a un adulto mayor que no sabía dónde estaba ni por qué estaba allí (…) Si la persona tiene algún tipo de condición particular, hay que protegerlo”, continuó.

Ante el suceso, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones, comunicó las irregularidades a la presidenta alterna del CEE, Jessika Padilla Rivera, quien desautorizó el formulario de correo electrónico en cuestión.

“(No está avalado) en lo absoluto. El correo electrónico y la contraseña es confidencial del elector, no se puede divulgar ese correo y mucho menos una contraseña. Evidentemente, (si se solicitó), se estaría coaccionando al elector para solicitar información que (el funcionario) no tiene derecho a tenerla, y si se muestra, definitivamente hay que radicar una querella porque podría ser algún delito que esté contemplado en el Código Electoral”, respondió Padilla Rivera a preguntas de la prensa.

La presidenta alterna recalcó que no está permitido, para ningún oficial de la Comisión, visitar égidas, residencias o ni sedes de la Juntas de Inscripción Permanente (JIP) para entregar solicitudes o requerir datos personales.

El MVC también tronó contra funcionarios electos, como el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, quien fue fotografiado entregando solicitudes de voto adelantado en la JIP.

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“Ayer mismo, el representante Georgie Navarro volvió (a la JIP y) abiertamente, entregó 175 solicitudes de voto adelanto, se sentó frente a la Junta de Inscripción y grabó un video donde aceptó y alardeó de que entró a las instalaciones, de que otras personas le habían dicho que él no podía, pero él puede, y es esta misma actitud de estar por encima de la ley que ha puesto en riesgo y ha minado de confianza los procesos”, arremetió el candidato al precinto 5 por la Alianza, Gabriel Casal Nazario.

La comisionada electoral del Movimiento, Aponte Dones, especificó que los próximos pasos serán la radicación de querellas ante el CEE por violaciones al ordenamiento jurídico, someter referidos al Departamento de Justicia estatal y federal y a la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, y hacer reporte ante la Comisión de Derechos Civiles “para que se exprese, sobre esta práctica, como una violación al derecho a la privacidad y al voto”.

“Es lamentable que a estas alturas estemos aquí haciendo esta conferencia de prensa. Desde el 2022, se propuso al CEE establecer medidas para precisamente proteger el voto en las égidas, propuesta que el entonces presidente de la Comisión (Francisco Rosado Colomer) dio no a lugar. Recientemente volvimos a revisar el reglamento y volvimos a someter las mismas propuestas y le dieron no a lugar. Cuatro partidos estaban a favor y uno se oponía, el Partido Nuevo Progresista. Ya sabemos por qué se oponen a fiscalizar ese voto”, manifestó Aponte Dones.

“Hay tres instancias donde debe haber una mayor fiscalización y control en los procesos electorales, instituciones penales, hospitales y casas de alojamiento, porque son personas que están sujetas a un tercero, una población que hay que proteger y el estado debe tener un interés apremiante para protegerlos, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy”, añadió.

Natal Albelo recordó que el incidente en la égida del sector Miramar “no es un evento aislado”.

“Nos consta que han estado realizando gestiones como estas en otros lugares en donde se encuentran adultos mayores en posiciones de mucha vulnerabilidad”, subrayó el exrepresentante.

“Varios estuvimos en la égida Leopoldo Figueroa (en Río Piedras), y las historias con el tema del voto son de terror, en donde se están aprovechando de los adultos mayores, y hay una administración privada que está vinculada del PNP y sabemos por reclamos, de esos residentes, cómo se maneja”, enfatizó.

Por su parte, el director de campaña del PNP en San Juan, Ángel Cintrón, acusó de “falsas” las acusaciones de Natal Albelo y aclaró que ninguno de los voluntarios electorales ha tenido acceso a información confidencial.

“El candidato Natal claramente está despechado tras nuestra denuncia del fraude electoral de inscribir, en San Juan, a personas que no residen en la capital. Está buscando crear e inventarse historias para atacar a la campaña del alcalde (Romero Lugo), pero lamentablemente, una vez más tuvo que recurrir a la mentira, tergiversando los hechos”, contestó Cintrón en declaraciones escritas.

Pese a que el director político denunció la presencia de Aponte Dones en Miramar, la misma comisionada desmintió las expresiones, pues quien estuvo presente fue la comisionada local del MVC.

“Si están hablando de esta servidora, yo no estaba allí. Ojalá tuviese el súper poder de estar en dos sitios a la vez, pero todos sabemos que estuvimos en la imprenta, fiscalizando el proceso de impresión de las papeletas del CEE”, contraatacó la comisionada.

“Se destapó lo que todos sabíamos, y es que utilizan estos espacios precisamente para manipular el proceso electoral. El derecho de votar es de los electores, no de los candidatos para que interfieran”, finalizó.