El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó hoy argumentos de dos querellas sobre si la policía tiene derecho a registrar, sin una orden judicial, el contenido de los telefonos celulares de personas detenidas por cualquier causa.

El máximo tribunal judicial estadounidense ha interpretado, hasta ahora, que la Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe las pesquisas policiales sin causa razonable, y por ello se requiere una orden emitida por un juez neutral para la inspección de la persona, su residencia o pertenencias, y la colección de materiales.

Pero las nuevas tecnologías presentan situaciones no previstas y que eran impensables aún medio siglo atrás cuando el Supremo decidió que la protección de la privacidad se aplicaba, por ejemplo, a la cabina telefónica donde una persona entraba para hacer una llamada.

Uno de los casos presentados hoy ante el Supremo se remonta a agosto de 2009, cuando un miembro de la pandilla callejera Crips conducía un vehículo en San Diego (California) y, al pasar cerca de un automóvil estacionado, fue blanco de disparos.

El vehículo en movimiento chocó y varios hombres que estaban cerca del automóvil estacionado huyeron del lugar.

Unas dos semanas más tarde, David Leon Riley conducía otro vehículo cuando la policía lo detuvo porque llevaba las placas caducadas, y en su inspección los agentes encontraron dos pistolas que, según se determinó después, se habían usado en el tiroteo.

La policía arrestó a Riley y le confiscó el teléfono móvil que llevaba, inspeccionó los datos sin orden judicial y encontró que Riley era miembro de otra pandilla callejera, los Bloods de Lincoln Park, enconados rivales de los Crips.

La policía también se enteró, por los datos del teléfono, de que Riley había estado cerca del sitio del tiroteo a la hora del ataque. El individuo fue finalmente condenado por intento de homicidio con el agravante de actividades pandilleras.

El otro caso se inició en Boston (Massachusetts) en septiembre de 2007, cuando la policía detuvo a Brima Wurie por vender drogas a otro individuo, y en la estación policial le confiscaron dos celulares.

La policía, sin orden judicial, revisó los datos del teléfono y los registros de llamadas, lo cual condujo a una residencia donde se halló crack, marihuana, dinero en efectivo, un arma y municiones.

En ambos casos, los acusados sostienen que la información tomada de sus teléfonos sin autorización judicial no debió usarse en su contra, porque se obtuvo en violación de su derecho constitucional.

El fallo del Supremo, que se conocerá antes de julio, tiene implicaciones amplias para las comunicaciones actuales con cientos de millones de usuarios de teléfonos móviles en Estados Unidos, donde cada año ocurren unas 12 millones de detenciones.

En su gran mayoría, estas detenciones están relacionadas con delitos menores como conducir en estado de embriaguez, el hurto de artículos en las tiendas o incumplimiento de las normas de tránsito.

Las autoridades policiales, que en esta instancia contaron hoy con el respaldo como ‘amigo de la Corte’ del Gobierno Federal, sostienen que los ‘teléfonos inteligentes’ contienen información que es importante para desmantelar redes de contrabandistas y de traficantes de droga y personas.