Las repercusiones del mayor juicio federal por un delito de cuello blanco en Connecticut llegaron hasta Venezuela, debido a que cientos de millones de dólares de un fondo de pensión de la empresa petrolera estatal de ese país fueron invertidos con el financista procesado en el caso.

Los fiscales estadounidenses acusan a Francisco Illarramendi, un venezolano-estadounidense, de usar fondos de riesgo no registrados en Stamford, Connecticut, para encubrir un gigantesco fraude piramidal con únicamente clientes de fuera de Estados Unidos .

El gobierno venezolano está tomando medidas para recuperar lo que pueda de un fondo de pensiones para empleados de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que contribuyó con alrededor del 90% de la inversión total. El ministro petrolero venezolano, Rafael Ramírez, dijo que el gobierno envía abogados para que participen en el proceso en Estados Unidos.

Las autoridades no han calculado aún la magnitud del fraude, pero la Comisión Federal de Valores y Cambio de Estados Unidos, que presentó la demanda, indicó que la brecha entre pasivos y activos del fondo podría sumar cientos de millones de dólares.

La comisión dijo que, durante su investigación, Illarramendi suministró una carta falsa de un contable en Venezuela en un intento por autenticar 275 millones de dólares en activos que no existían.

Illarramendi, de 42 años y con residencia en New Canaan, Connecticut, enfrenta hasta 70 años de cárcel después de declararse culpable el 7 de marzo de varios cargos penales de fraude y asociación ilícita para obstruir la justicia. La fiscalía dijo que el indicado transfirió dinero entre cuentas de inversiones sin avisar a los clientes y que falsificó documentos para engañar a los inversionistas, los acreedores y la comisión de valores.

El acusado recibió la orden de permanecer en arresto domiciliario. Por ahora no se ha fijado fecha para la sentencia. Su abogado, John Gleason, afirmó que no podía pronunciarse sobre el asunto, en tanto Illarramendi no ha respondido a mensajes.