En caso de un cierre del gobierno.

La Asociación de Bancos y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras consignaron ayer su oposición a un proyecto de ley que establecería una serie de protecciones a favor de empleados federales como prórrogas en el cobro de deudas, paralización de ejecuciones hipotecarias y establecer moratorias en el pago de servicios esenciales.

Estas protecciones se activarían en caso de a causa de un cierre del gobierno federales y que esa acción le provoque al trabajado una reducción en sus ingresos.

Se trata del Proyecto de la Cámara 844, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Por un lado, la Asociación de Banc os planteó en una vista de la Comisión de Gobierno que solo dos jurisdicciones (Massachusets y Nevada) cuentan con leyes similares y que solo existen dos leyes federales que atienden el asunto.

“A nivel estatal, se ha considerado prudente tratar este asunto mediante determinaciones administrativas, guías ejecutivas, determinaciones de emergencia o compensaciones por desempleo, sin tener que recurrir a la aprobación de legislación al efecto”, lee una ponencia firmada por Zoimé Álvarez Rubio, principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos.

Según indicó, hay que preguntarse si sería razonable legislar estas protecciones en una jurisdicción con apenas 15,204 empleados federales. Además, sostuvo que las protecciones del proyecto exceden “irrazonablemente” las de Massachusets y Nevada.

Los efectos de la medida entrarían en vigor si un cierre del gobierno federal se extiende por más de 15 días y entonces entraría en efecto una moratoria -de ser solicitada- minima de 90 días en el pago de préstamos hipotecarios, personales y de auto, planes de pago y tarjetas de crédito.

Álvarez Rubio señaló que las dos leyes estatales incluyen requisitos mayores a la propuesta.

“Nuestra investigación sobre este tema indica que en varias jurisdicciones federales este asunto se ha tratado a nivel de la rama ejecutiva, generalmente, por el Departamento del Trabajo estatal. A esos efectos, se han establecido remedios consistentes en compensación por desempleo y préstamos de emergencia para resolver la situación. Asimismo, la banca ha reaccionado brindando asistencia a sus clientes afectados, sin necesidad de legislación o reglamentación especifica al efecto”, dijo Álvarez Rubio.

La ejecutiva sostuvo que durante el más reciente cierre del gobierno federal de octubre de 2025, los bancos en la isla brindaron orientación con relación a hipotecas a 650 clientes “de los cuales 166 clientes recibieron asistencia financiera adaptada a sus necesidades”.

En el caso de la comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, sostuvo que el proyecto interfiere con leyes federales de protección al consumidor como Truth in Lending Act y el Real Estate Settlement Procedures Act.

“El P. del S. 844, al ordenar que la moratoria solicitada por el empleao se “active de manera automática e inmediata”, con efecto retroactivo a la fecha del inicio del cierre gubernamental, elimina el proceso de análisis previo, documentación y validación crediticia requerido por la normativa federal”, lee la ponencia de la OCIF.

El proyecto, además y según la OCIF, implicaría la aprobación de una ley que menoscabarían obligaciones contractuales y significaría un riesgo para la estabilidad financiera y el cumplimiento institucional de los bancos.
El gremio que agrupa los empleados federales del IRS en Puerto Rico, el National Treasury Employees Union, favoreció la medida.

La unión agrupa 4,500 empleados federales en la isla.

Según indicó Katherine Montañez, vicepresidenta de la unión, un total de 10,500 empleados federales fueron afectados por el cierre del gobierno federal que comenzó el 8 de octubre pasado.

“La buena voluntad no sustituye política pública. Necesitamos una ley. Necesitamos una estructura. Necesitamos protección uniforme y garantizada. Eso es exactamente lo que propone el Proyecto del Senado 844”, indicó Montañez.

“Esto no es un favor. Es justicia básica”, agregó.