Luego de que la Comisión de Servicio Público (CSP)advirtiera que multará con $1,000 a todo conductor que conduzca para la empresa Uber, y que a su vez la compañía indicara a sus futuros empleados que se encargarán de las sanciones, el presidente de la Federación de Taxistas de Puerto Rico (FTPR), Juan de León, criticó que, ‘como empleador no puedes pedirle a tus empleados que hagan actos ilegales. Eso es un llamado muy irresponsable y atrevido que atenta contra la seguridad de la Isla. Ellos ni tan siquiera tienen un reglamento aprobado’.

Uber confirmó que el próximo lunes, 11 de julio, iniciará operaciones de transportación privada en la Isla cuando aún el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) evalúa un borrador para reglamentar estas actividades, que luego debe pasar por el Departamento de Estado para su oficialización.

‘Nos sorprende que Uber quiera empezar a trabajar en Puerto Rico sin ley alguna. Esto es una falta de respeto a la confianza que le ha dado el Departamento de Obras Públicas y la ciudadanía boricua. El país tiene demasiado como para permitir que otra empresa privada que pase por alto la seguridad de los usuarios y las leyes que regulan el transporte en PR’, manifestó De León.

La compañía se enfrenta a multas diarias ascendentes a los $10,000 e incluso, a un enfrentamiento legal en las cortes estatales para hacer valer las leyes que regulan el servicio de transporte del País.

‘Es importante que los conductores interesados en trabajar para Uber comprendan que se están exponiendo a problemas con las leyes de PR. Uber se ha pintado como una compañía seria, pero queda claro que lo que buscan es tomar por asalto las leyes y reglamentos locales; lo que podría representar un golpe de estado de su parte’, acató De León.

La Federación emplazó a la Compañía de Turismo, a la Policía de Puerto Rico, al Departamento del Estado, al Departamento de Justicia, a la Administración de Tribunales y a la CSP, a que no permitan este tipo de actos. ‘Este es un acto para apoderarse de las calles puertorriqueñas. Con esto se abre la puerta a desreglamentar todos los servicios que son regulados y garantizan la seguridad en la salud, educación, restaurantes y criminalidad’, concluyó el Presidente del gremio.

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