El Departamento de Justicia presentó este jueves cuatro querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra 28 transportistas y compañías de transporte escolar por limitar los servicios y la entrada de otras empresas a ese mercado.

El secretario de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, adscrita a Justicia, Jesús Alvarado Rivera, explicó que en algunos casos los implicados formalizaron acuerdos para que otros transportistas tuvieran menos vehículos disponibles para ofrecer servicios y así elevar los costos del transporte escolar.

Esas prácticas, dijo, infringen la Ley 77 del 25 de junio de 1964, también conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. A pesar de los señalamientos, las querellas solo se discutirán en el foro administrativo y no en el judicial.

Al ser cuestionado sobre el por qué no acudir a los tribunales, el secretario auxiliar explicó que la prueba es insuficiente para acudir a esos foros, pero el DACO podría emitir una orden de cese y desista de la práctica más las multas impuestas lo que garantizaría, según dijo, que la gestión no se repita.

De volver a ocurrir, agregó, entonces se podría presentar cargos en los tribunales estatales.

‘Estas personas actuaron en común acuerdo para manipular, controlar y limitar la entrada de nuevos competidores al mercado de transportación escolar y también obstaculizar el crecimiento de otros’, manifestó Alvarado Rivera, quien sostuvo que los acusados se exponen al pago de multas de $5 mil y la suma de ellas podría ascender hasta $175 mil.

Entre las corporaciones que fueron señaladas está Transportación Escolar Félix Inc., Aica School Transport Services, Transporte Escolar SS, Arenas Bus Line, Yabucoa Bus Line, Transporte Reyes, entre otros.

‘El acuerdo de estos transportistas tuvo el efecto de sustituir el proceso natural de competencia en el libre mercado, por un esquema de oferta de servicios artificial desarrollado por la combinación de los intereses económicos del grupo. En vez de permitir que cada chofer decidiera por cuenta propia cuán amplia deseaba que fuera su zona de servicios, el acuerdo ilegal creó un cartel de competidores que decidieron qué posibles clientes estarían dispuestos a servir, dejando sin servicios al Departamento de Educación’, indicó Alvarado Rivera.

En diciembre de 2013 la Oficina de Asuntos Monopolísticos radicó tres querellas ante el DACO en las que se acusó a 14 personas por los mismos actos cuyas multas ascendieron a $70 mil dólares.