Uno de los componentes principales del plan es la creación de una Oficina de Cumplimiento, que asumirá funciones antes delegadas al síndico.
Archivo/Juan R. Costa
La gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, anunciaron el jueves que el Departamento de Educación de Estados Unidos aprobó el Plan de Transición para la salida del síndico federal prevista para el 20 de noviembre de 2026.
“Estamos haciendo historia. Este logro marca un hito significativo en el Departamento de Educación y es un reconocimiento al trabajo íntegro y al compromiso real que tenemos con nuestro sistema y nuestros estudiantes”, dijo González Colón en declaraciones escritas.
“Me llena de orgullo la aprobación de este plan que se ejecutará al pie de la letra para ya en el 2027 poder decir que la agencia opera sin el síndico. Los fondos federales se están utilizando de manera ágil, segura y eficaz”, añadió.
La aprobación establece la ruta para una salida ordenada y escalonada del Third Party Fiduciary Agent, figura que ha supervisado procesos fiscales en la agencia. La determinación permitirá que los procesos continúen en marcha mientras se mantienen los logros alcanzados y se asumen de forma gradual funciones críticas dentro del Departamento de Educación.
Ramos Parés indicó que la aprobación reconoce el cumplimiento sostenido de la agencia con el Comprehensive Corrective Action Plan y su capacidad para ejecutar una transición estructurada. También sostuvo que el plan permitirá asumir progresivamente funciones fiscales esenciales, con cumplimiento de requisitos federales y continuidad operativa del sistema.
“Esta aprobación reconoce el compromiso sostenido de nuestra agencia en la implementación completa del Comprehensive Corrective Action Plan, así como la capacidad que tenemos para diseñar y ejecutar una transición responsable, estructurada y basada en evidencia”, dijo Ramos Parés.
Uno de los componentes principales del plan es la creación de una Oficina de Cumplimiento, que asumirá funciones antes delegadas al síndico. Esa oficina atenderá solicitudes y requerimientos de entidades de fiscalización como la Oficina del Inspector General, la Oficina del Contralor y la auditoría única, entre otras agencias pertinentes.
La gobernadora sostuvo que la salida del síndico federal representará un ahorro anual aproximado de 32 millones de dólares. También afirmó que ese dinero podrá ser redirigido a servicios directos en las comunidades escolares, con el propósito de fortalecer programas, apoyos y oportunidades para los estudiantes y sus familias.
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