La Administración expuso que las 25 mayores empresas farmacéuticas controlan alrededor del 70 % de los ingresos del sector, lo que se traduce en una competencia limitada

Washington.- La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este jueves que está estudiando la posibilidad de incautar patentes de algunos medicamentos fabricados con financiamiento gubernamental si considera que sus precios son demasiado altos.

Así se desprende de un comunicado emitido por la Casa Blanca, en el que se explica que esta nueva política permitiría al Gobierno otorgar licencias adicionales a terceros para dichos productos farmacológicos si el titular de la patente no los ofrece al público a un precio razonable.

Esta actuación sería posible debido a los llamados «derechos de intervención» del Ejecutivo y, para aplicarlos, se tendrían en consideración factores como si las farmacéuticas están explotando un problema de salud o seguridad para lucrarse.

En este sentido, el Gobierno estadounidense afirmó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU. (USPTO) colaboran para «abordar el uso indebido y anticompetitivo del sistema de patentes».

Además, dichas instituciones trabajan en iniciativas para fomentar la competencia en el mercado de los medicamentos con la finalidad de reducir los precios y ampliar el acceso a los fármacos.

La Administración expuso que las 25 mayores empresas farmacéuticas controlan alrededor del 70 % de los ingresos del sector, lo que se traduce en una competencia limitada que, en su opinión, contribuye a «aumentar los costes para los contribuyentes y empeorar la calidad de la atención a los pacientes».

Esta medida sobre las patentes forma parte de la agenda de atención médica de Biden, que busca garantizar que «todos los estadounidenses tengan acceso a una atención sanitaria asequible y de alta calidad», puesto que, como argumenta el comunicado, se ha permitido «durante demasiado tiempo» que las grandes farmacéuticas obtengan beneficios «sin precedentes».

Según informó la cadena CNBC, el gobierno ha abierto un período de 60 días para que el público pueda hacer comentarios sobre la nueva propuesta antes de intentar ultimarla.