Y advierte sobre sus consecuencias constitucionales

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, lamentó el martes que la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón firmara el Proyecto del Senado 1096 y advirtió que la nueva Ley del Poder Judicial plantea serios cuestionamientos constitucionales y operacionales que no fueron atendidos durante el trámite legislativo.

“Lamento profundamente la decisión de la Gobernadora de firmar el Proyecto del Senado 1096. Durante el trámite legislativo y ante la propia Gobernadora, expusimos las serias preocupaciones constitucionales y operacionales que suscita esta medida. Pese a ello, el proyecto se convierte en ley sin que se hayan atendido los cuestionamientos fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de nuestros tribunales”, expresó Oronoz Rodríguez en declaraciones escritas.

La reacción se produjo luego de que La Fortaleza confirmara la firma de la medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que deroga la Ley de la Judicatura de 2003 y establece una nueva estructura legislativa para el Poder Judicial.

Oronoz Rodríguez cuestionó particularmente la redistribución de las facultades administrativas dentro del sistema judicial, al señalar que la legislación modifica quiénes toman determinadas decisiones sin cambiar las responsabilidades constitucionales asignadas a la Presidencia del Tribunal Supremo.

“La nueva legislación redistribuye la autoridad para tomar decisiones esenciales en la administración judicial, sin alterar la responsabilidad que nuestra Constitución le asigna a la Presidencia del Tribunal Supremo. Este desajuste entre la facultad de tomar decisiones y la obligación de responder por sus consecuencias plantea serias interrogantes sobre la dirección administrativa y la capacidad de respuesta del sistema judicial”, sostuvo.

La jueza presidenta advirtió que las modificaciones podrían afectar la administración de recursos, personal y servicios en las distintas regiones judiciales, así como la capacidad de atender las necesidades de quienes acuden a los tribunales.

“No estamos ante un asunto meramente organizacional. Administrar los tribunales requiere tomar decisiones oportunas sobre recursos, personal y servicios en las distintas regiones judiciales. Nos preocupa que los cambios aprobados introduzcan incertidumbre en estos procesos y afecten la capacidad institucional de atender las necesidades de las personas que acuden a nuestros tribunales”, expresó.

Ante la aprobación de la reforma, Oronoz Rodríguez adelantó que examinará las consecuencias de la nueva legislación y las alternativas legales e institucionales disponibles para atender los cuestionamientos planteados.

“Desde la Presidencia, examinaremos con rigor y seriedad el alcance de esta legislación, sus consecuencias para la administración de los tribunales y las alternativas jurídicas e institucionales disponibles para atender los cuestionamientos planteados”, indicó.

La jueza presidenta aseguró que continuará ejerciendo las responsabilidades que le asigna la Constitución y trabajando con los jueces asociados y demás integrantes de la judicatura.

“Ante este nuevo escenario, continuaré cumpliendo con firmeza y responsabilidad los deberes que me impone la Constitución. Asimismo, seguiré trabajando junto a mis compañeros jueces asociados y a toda la judicatura, con quienes comparto el compromiso de servir al país y garantizar el buen funcionamiento de nuestros tribunales”, sostuvo.

Oronoz Rodríguez concluyó que mantendrá su defensa de la independencia del Poder Judicial y de la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

“Seguiremos defendiendo la independencia individual y organizacional de los tribunales, la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta de los tribunales a las necesidades del Puerto Rico de hoy. Ese compromiso trasciende a quienes ocupamos hoy los cargos públicos y protege a cada persona que acude al sistema de justicia”, concluyó.