Mientras la organización apoya el P. de la C. 1421, otra medida que integra estas cámaras a la Alerta Mayra Elías ya fue aprobada en la Cámara y espera acción en el Senado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) expresó su apoyo a un proyecto de ley que prohíbe los sistemas de cámaras para vigilancia masiva debido a los «riesgos de la hipervigilancia contra las protecciones constitucionales de las personas» y al uso indebido que han hecho las autoridades en Estados Unidos.

En un memorial explicativo en el que endosa el Proyecto de la Cámara 1421, llamado Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva, la organización sostuvo que la vigilancia masiva es inconstitucional, desproporcionada e incompatible con una sociedad democrática, ya que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas contra registros irrazonables e incluye el derecho a la intimidad.

«El despliegue ininterrumpido de reconocimiento facial, rastreo de ubicación y otros mecanismos de vigilancia digital convierte a la población en sospechosa permanente sin causa justificada», denunció la organización.

La abogada de la ACLU Lolimar Escudero Rodríguez sostuvo que la organización reconoce la importancia de los avances tecnológicos en la política pública; sin embargo, argumentó que las cámaras de reconocimiento automático de tablillas (ALPR, en inglés) violan los derechos de la ciudadanía.

Según la ACLU, la vigilancia con estas cámaras invade la privacidad de personas que no han cometido ningún delito, ya que acumula tantas imágenes que estas terminan convirtiéndose en un mapa de la vida de cada persona.

«Estos datos revelan mucho más que las tablillas. Registran dónde estuvimos, cuándo estuvimos allí y, con el tiempo, pueden revelar nuestras prácticas religiosas, visitas médicas, actividades políticas, relaciones personales y rutinas diarias», expuso la abogada en el memorial que la organización envió a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

Entre los casos que la ACLU cita como ejemplo el caso de un exjefe de la Policía en Kansas que utilizó las cámaras Flock para rastrear el vehículo de su novia 228 veces durante más de cuatro meses, e incluso la siguió a ella y a su novio en su patrulla.

Entre las denuncias de la ACLU se encuentra la falta de transparencia, supervisión y regulación sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos, y por cuánto tiempo se guardan.

Por otro lado, el P. de la C. 897 busca enmendar la Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit & Run para ordenar a la Policía a integrar tecnología de identificación de escenas, incluido el sistema ALPR.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes con 48 votos a favor, tres en contra, una abstención y un ausente. El 20 de agosto pasó a primera lectura en el Senado y fue referido a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano.

Fue radicado por el representante del PPD Ramón Torres Cruz, a petición de Angedimarlis Nieves Marcano, estudiante de Justicia Criminal que trabaja en su oficina en la Cámara. El representante del PNP Félix Pacheco Burgos es coautor.

En cambio, el P. de la C. 1421, endosado por la ACLU, busca prohibir totalmente los sistemas de cámaras ALPR en Puerto Rico. La medida fue radicada por los representantes independentistas Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, con la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos como coautora.

El proyecto pasó por lectura en la Cámara de Representantes y fue referido a la Comisión de Transportación e Infraestructura y a la Comisión de Seguridad Pública.