La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, apuesta nuevamente a regular el uso efectivo de internet para así evitar los crímenes cibernéticos, luego de que su ‘Cyber Code of 2010’, fuera colgado en abril 2011 por la Comisión de Relaciones Federales e Informática en el Senado.

González radicó a principios de este mes el P. de la C. 3980, que busca establecer la ‘Ley de Política Pública y Derecho Cibernético de 2012’.

Uno de los puntos que se destacan en la pieza legislativa es proteger a los ciudadanos de sus derechos a la intimidad y privacidad, al tiempo que busca no trastocar la libertad de expresión y asociación.

Tiene especial énfasis en fomentar el uso de la tecnología y filtros de protección para los estudiantes.

En ese sentido, la medida indica que ‘el Departamento de Educación de Puerto Rico y el Consejo de Educación de Puerto Rico deberán establecer normas para requerir que en todas las instituciones escolares públicas y privadas se establezca una política y práctica de preparación del estudiantado para la era informática y para proteger la seguridad de los trabajos, sistemas y comunicaciones del estudiantado y del personal’.

No obstante, abre el espacio para limitar el uso del internet en ciertos espacios dentro de los planteles escolares.

‘Se podrán establecer actividades o áreas dentro de las cuales no se puedan introducir u operar equipos de comunicación no autorizados, incluyendo pero sin limitarse a laboratorios, sesiones de consejería o salas de exámenes’, plantea.

Otro aspecto que denota interés en la medida es que sostiene que ‘las cuentas personales de ‘e-mail’ o correo electrónico tendrán una presunción de privacidad, salvo que se aperciba previamente al usuario de que realiza la comunicación en un foro abierto. No obstante esto, las escuelas podrán fijar normas sobre el acceso a las cuentas privadas desde equipos o sistemas operados por y propiedad de la escuela’..

Durante una vista pública celebrada el jueves por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara que preside la representante Elizabeth Casado, el Departamento de Justicia estableció que la medida era una parecida al ‘Cyber Code of 2010’.

Recomendó que como están bajo discusión otras medidas parecidas, todas se deben evaluar en conjunto ‘para que la legislación que se dispone para mejorar los sistemas de tecnología e información sea integrada y fácil de administrar e implantar’. Y propusieron varias modificaciones en cuanto aspectos técnicos o del lenguaje estipulado en la medida. Asimismo, solicitaron que se pida opinión a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Finalmente, puntualizaron que aprueban la medida ‘en términos de que es una legislación necesaria ante el incremento de los delitos que se cometen a través de la Internet. Además de que provee en una sola disposición legal o código todo lo relacionado con el acceso, manejo y uso de todos los equipos electrónicos y cibernéticos, incluyendo los actos delictivos y sus penalidades’.

Por su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) trajo a la atención un estudio del Internet Crime Complaint Center que reflejó que de enero a diciembre del 2011 se recibieron 314,246 querellas. Esta cifra mostró un incremento de 10,437 casos al comparar con el 2010. A su vez resaltó que el fraude electrónico reflejó pérdidas que ascienden a $485.3 millones.

De otro lado, el DTRH encontró que existen legislaciones estatales y federales vigentes que tratan varios aspectos de la medida. Recomendó que se le solicite opinión al Departamento de Hacienda y a OGP por el posible impacto fiscal que representaría el concretar la medida.

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