El Institute for Justice publicó un estado actualizado de la amplitud y las cargas de las licencias requeridas para 102 ocupaciones de bajos ingresos.

La carga que imponen las licencias que se exigen para realizar ciertas ocupaciones de ingresos más bajos en Puerto Rico tienen requisitos mayores que en otras jurisdicciones dentro de Estados Unidos, concluye una evaluación realizada por primera vez en la Isla por el Institute for Justice.

La misma es parte del informe “License to Work: A National Study of Burdens from Occupational Licensing” que recién publicó la entidad y en el que se ofrece un estado actualizado de la amplitud y las cargas de las licencias requeridas para 102 ocupaciones de bajos ingresos en los 50 estados, el Distrito de Columbia y, por primera vez en esta edición, en Puerto Rico.

En el mismo se definen estas licencias ocupacionales como los permisos emitidos por un gobierno o entidad reguladora para que una persona pueda trabajar en un determinado campo.

En Puerto Rico, indican, existen 129 licencias ocupacionales (sin contar las licencias para ocupaciones deportivas), de las cuales 49 fueron parte de la muestra examinada en License to Work. La carga promedio de estas 49 licencias fue 144 días de educación y experiencia, al menos un examen y $228 en cuotas. Esto no incluye las cargas y los costos de los estudios requeridos, sostienen.

“Se piensa que las licencias ocupacionales son necesarias para proteger a los consumidores de un servicio inseguro o deficiente; pero, la evidencia indica que las licencias no hacen esto, pues se basan solo en cumplir determinados requisitos, no en demostrar la competencia de la persona”, sostuvo Ángel Carrión Tavárez, director de Investigación y Política Pública del Instituto de Libertad Económica.

En cambio, agregó, “muchas terminan limitando las oportunidades de encontrar trabajo o abrir un negocio”.

Entre las licencias ocupacionales de Puerto Rico cuyos requisitos de educación están muy por encima de los requisitos mínimos de Estados Unidos, indicó, sobresalen las de manicurista: 1,000 horas vs. 12 horas en Alaska; cuidador de la piel: 1,000 horas vs. 220 horas en Florida; ayudantes electricistas: 500 horas vs. 0 en los únicos tres estados que tienen esta licencia; y técnicos de farmacia: un grado asociado y una pasantía supervisada de 1,000 horas, requisitos que superan los de todas las demás jurisdicciones.

“En Puerto Rico hay casos de requisitos ocupacionales que no corresponden al riesgo; por ejemplo, se exigen casi ocho meses de preparación para cosmetología, incluyendo lavadores de pelo y maquillistas; mientras que se requieren tres meses para técnico de emergencias médicas, para atender a personas en situaciones de vida o muerte. Esto lleva a cuestionarnos si realmente las licencias están diseñadas para proteger la salud y la seguridad o garantizar la calidad de un servicio”, expresó Carrión Tavárez al comentar los resultados.

Señaló que la forma más directa de liberar a los trabajadores y emprendedores de la burocracia de las licencias es derogar las que no son necesarias y reducir las cargas que son demasiado elevadas. “Los legisladores podrían comenzar por eximir de licencias los servicios que son seguros y evitar que surjan nuevas licencias. Los resultados del informe y la función “Compare States” en línea son recursos disponibles para los legisladores y demás personas interesadas en reformar las licencias ocupacionales de Puerto Rico”.

Esta es la tercera edición de este informe, cuya primera se emitió hace 10 años y la segunda hace cinco. Se informó que la nueva edición encontró que el requerimiento de licencias sigue siendo extendido y, con frecuencia, irracional; pero también encontró algunas buenas noticias, ya que desde 2017, los estados eliminaron más licencias de las que crearon, y casi el 20% de las licencias se volvieron menos onerosas. Aun así, señalan, queda mucho espacio y necesidad de mejorar, y el informe también brinda una hoja de ruta para una reforma significativa.

“Las reducciones en las licencias y sus cargas de los últimos cinco años muestran que la reforma es posible, pero aún queda mucho por hacer”, dijo Lisa Knepper, directora senior de investigación estratégica del IJ. “Décadas de investigación han encontrado que las licencias imponen costos altos a los trabajadores, los consumidores y la economía en general, a menudo con poco beneficio público. Especialmente para las personas de bajos ingresos, las licencias siguen siendo costosas y a menudo no tienen sentido”, afirmó.

La inclusión de la Isla en License to Work, informó Carrión Tavárez, fue el resultado de un estudio realizado por la Universidad de Puerto Rico y la colaboración del Instituto de Libertad Económica, el Institute for Justice y el Knee Center for the Study of Occupational Regulation de West Virginia University.

“Los resultados de este estudio y el informe License to Work demuestran que hay espacio para mejorar la legislación de licencias ocupacionales en Puerto Rico, para beneficio de la sociedad en general”, concluyó.

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