Mientras, en la Cámara, siguen las voces a favor y en contra del acuerdo, que recaería en la empresa Genera PR.

La junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que inicialmente se reuniría el próximo 25 de enero para definir el destino de la Alianza Público Privada (APP) para la sistema de generación eléctrica del país, adelantó el encuentro para mañana, jueves.

La reunión, extraordinaria y que será transmitida por Internet, es el último paso antes de que el contrato pase a la Oficina del Gobernador y se haga efectivo.

El representante del interés público de la junta de gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, había indicado que el 25 de enero era la fecha de votación (en el organismo) de la reunión pública regular», pero a la vez advertido de que «a veces nos autoconvocamos y para una votación tiene que ser una reunión pública y transmitirse».

Así las cosas, mañana, jueves (a la 1:00 pm), según Torres Placa, los cinco integrantes del organismo se reunirán para votar por el contrato, en el último paso de un acuerdo que pondrá en manos de un privado la generación.

Fernando Gil Enseñat, Carlos Yamín Rivera, Gerardo Lorán Butrón (en representación de la Aafaf), Memphis Cabán Rodríguez y Torres Placa (representante del interés público) serán los encargados de dar el último vistazo al contrato, que según ha trascendido en la prensa sería para la firma Genera PR.

Paralelamente, en la Legislatura, siguen las voces a favor y en contra del contrato que implica el manejo de 17 centrales con capacidad para generar 3,600 megavatios.

Para el representante José Márquez Reyes, cuya delegación del MVC se opone al contrato, «las experiencias recientes, con las privatizaciones, levantan muchísimas banderas. Se habla de eficiencias, pero lo que vemos es deterioro de los servicios públicos; se habla de abaratar costos y lo que vemos es un encarecimiento de los servicios».

Asimismo, indicó que la postura de los dos representantes del interés publico en la votación sobre el contrato de la junta de directores de la AAPP «será la posición personal de ellos, de la presidencia legislativa, pero no de la Cámara de Representantes ni de nuestra delegación».

Opinó que «se coloca en una posición sumamente vulnerable al sistema energético de Puerto Rico, ante contingencias internacionales y desastres naturales e incumplimientos contractuales de privados. También hemos visto potenciales conflictos de interés en esas transacciones. Y en el caso de LUMA, específicamente, la interrelación de estos consorcios privados, que otorgan una cantidad de contratos jugosos a sus empresas matrices», agregó.

Al respecto, alertó que en el caso de la generación «hay un riesgo tremendo de eso con la compañía que se entiende que estará siendo responsable de esta privatización, que es New Fortress, que sabemos suple gas natural, lo cual representa ese riesgo de conflicto de interés. Además, hay una contradicción de política pública, cuando la legislación vigente nos obliga a transicionar hacia la energía renovable».

También subrayó en el caso de este contrato «la falta de información y de transparencia, como lo fue también el contrato de LUMA», que para el legislador «ha estado caracterizado por opacidad, rapidez, ligereza, irresponsabilidad para un asunto de tanta importancia para nuestras familias y el desarrollo económico».

Mientras, el representante del PNP, Víctor Parés, quien fue designado por su delegación para revisar el contrato, junto con recordar que la AEE «ha estado en quiebra, con problemas económicos, con un sistema eléctrico deficiente, que no funciona, que no sirve», declaró que la APP para la generación «es el paso correcto».

«El país necesita tener desarrollo económico y una parte fundamental es tener un sistema económico eficiente, confiable. Los cambios que estamos apreciando son positivos», afirmó, al tiempo que se mostró esperanzado en que «las facturas que todos recibimos en nuestras casas no se afecten».

Parés presidió el cuatrienio pasado la Comisión de Desarrollo Económico y Energía y estuvo a cargo de proyectos como e de la Ley 17 de 2019 («Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico»).