Antes que finalice este año, el gobierno espera tener completada la primera Alianza Público Privada (APP) en un proceso que aseguran será transparente y abierto a la competencia.

Así lo aseguró en entrevista con NotiCel el director de la Autoridad de las APP, Omar Marrero, quien rechazó que los procesos vayan efectuarse en cuartos oscuros para beneficiar a los ‘amigos del alma’.

‘Antes que se acabe este año nosotros esperamos anunciar una Alianza PúblicoPrivada… El tiempo es apremiante. La situación es apremiante y no podemos esperar… Hay un proceso transparente… Lo más importante aquí es que el pueblo de Puerto Rico se tiene que beneficiar. Ese es nuestro norte. Aquí no hay amigos del alma ni decisiones en cuartos oscuros’, sostuvo el funcionario.

Insistió en que toda propuesta no solicitada tiene que ir a competencia para que la Autoridad de las APP escoja la mejor oferta. Las enmiendas a la ley agilizan el proceso para que en todo momento se puedan evaluar propuestas y no tener que esperar a las convocatorias anuales que emitían las agencias, pero sin alterar el proceso riguroso de selección para evitar la corrupción o que acuerden negocios que son a largo plazo malos para el gobierno.

‘La ley establece un proceso de transparencia completo desde que se determina qué servicio, función o instalación se va a transferir a través de una APP hasta al final cuando se adjudica. Eso no cambia. El hecho de que se reciba la propuesta de un sector privado lo que hace es que facilita el proceso’, explicó.

‘Lo que hicimos fue flexibilizar para que la Autoridad de las APP pueda recibir esa propuesta no solicitada y examinarla. Si determinamos que esa propuesta tiene sentido, tenemos la obligación den ley de abrir el proceso a competencia. El proceso sigue siendo el mismo: un proceso de licitación y de adjudicación transparente, uniforme y competitivo. Eso no cambia’, aseguró.

Explicó que el proceso inicia con la evaluación del director de las APP de cada una de las propuestas no solicitadas y se lleva a la consideración de la Junta de Directores de Autoridad. Toda decisión durante el proceso de licitación y adjudicación de una APP es transparente porque se publica en la página cibernética.

‘Tenemos la obligación en ley. Se publica una vez tenemos el inventario de propuestas; se publica una vez determinamos que vamos a hacer una APP; se publica la solicitud de propuesta (‘request for proposal’); se publica luego el listado de proponentes que recibimos y luego se publica la adjudicación, así como el contrato’, señaló.

Aseguró que ya tienen áreas específicas del gobierno que se evaluarán para identificar la viabilidad de una APP. Se concentrarán en proyectos de infraestructura, en servicios para integrar la tecnología y la construcción y operación de escuelas. Estas últimas solo se podrán realizar en alianzas con municipios, entidades sin fines de lucro, cooperativas y corporaciones especiales de trabajadores.

‘También tenemos los hospitales. Tenemos un Centro Médico que necesita ser revitalizado para beneficio de nuestros pacientes’, indicó.

Entre los proyectos de infraestructura que se evaluarán están los embalses de agua; proyectos en el sector energético; los aeropuertos regionales como el de Aguadilla y el de Ponce; algunas carreteras como la extensión de autopista 22 de la carretera #5 en Bayamón; la autopista 52 y el Proyecto de la Base Roosevelt Roads en Ceiba.

En el área de servicios, Marrero indicó que se evalúa extender a las regiones los centros de servicios únicos mediante alianzas para su construcción, operación y manteniendo de estas oficinas de gestoría de certificaciones gubernamentales.

El director de las APP defendió la aprobación de la medida que ha sido objeto de críticas por la rapidez del proceso legislativo que no permitió vistas públicas. Subrayó que se cumplió con el compromiso del gobernador de actuar rápidamente para llevar un mensaje al mercado de que el país está listo.

‘Sí hubo vistas públicas; no necesariamente las tradicionales en la legislatura. Estuvimos sobre dos años trabajando en el Plan para Puerto Rico y hubo vistas regionales. Todo lo que está contemplado en el plan… fue conceptualizado a través de vistas regionales que todas fueron vistas públicas de pueblo. Así que eso estuvo disponible’ dijo Marrero.

Rechazó que al ser la primera legislación aprobada por la administración lleve el mensaje de que se va a privatizar o desmantelar el gobierno. Insistió en que la legislación ejemplifica que Puerto Rico va mejorando los servicios que se ofrecen para alcanzar responsabilidad fiscal y desarrollo económico. Para hacerlo, aseguró, el gobierno contará con el sector privado, que incluye la academia y al tercer sector.

Reiteró que el gobierno buscará insertar a los empresarios locales en el proceso de evaluación para que entre los criterios se disponga un porcientopara que las alianzas sean realizadas por ellos, incluyendo que grandes proponentes incluyan en las operaciones a la industria y la fuerza laboral local.

De acuerdo al funcionario, el concepto de privatización supone la transferencia del activo público al sector privado. Según el abogado, eso no se hará bajo las APP, ya que el activo siempre permanecerá como propiedad del gobierno.

Existe un compromiso, además, para fiscalizar las alianzas para velar que el ente privado cumpla con las disposiciones del contrato. Para eso se nombrará un oficial de cumplimiento y se realizarán auditorías periódicas.

Anticipó que en marzo se realizará la Primera Conferencia de las APP en Puerto Rico para tomar ejemplos de modelos en otros países. Destacó que Chile y más recientemente Cuba, han adoptado este modelo, por lo que el gobierno buscará insertarse en esta corriente mundial.