Los intercambios de información confidencial entre el Tesoro federal y el Gobierno de Puerto Rico, confirmados mediante carta al senador federal Orrin Hatch, incluyó una evaluación sobre el verdadero estado financiero del sector cooperativista.
La carta del Tesoro federal, con fecha del 29 de julio, fue en respuesta a una solicitud de información de Hatch el pasado 29 de junio para que la agencia entregara los acuerdos confidenciales que suscribió con el gobierno de Puerto Rico.
Hatch, quien encabeza el Grupo de Trabajo congresional establecido por la ley PROMESA, ha expresado públicamente su opinión de que en el trámite de dicha ley el Tesoro federal encubrió información al Congreso y forzó a los legisladores a aceptar la alternativa de la Casa Blanca para la crisis fiscal.
La carta confirma que hubo acuerdo confidenciales con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 10 de marzo de 2015, con la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) el 22 de diciembre de 2015 y el 29 de marzo de 2016, y otro con La Fortaleza el 4 de abril de 2016.
En este último, en vez del Gobierno de Puerto Rico darle información confidencial al Tesoro federal, lo que ocurrió fue que recibió confidencialmente un análisis que realizó la National Credit Union Administration (NCUA), sobre ‘la condición financiera de (COSSEC) y las cooperativas’.
Para el economista y profesor Antonio Fernós, la intervención de NCUA ‘no hace sentido’ porque las cooperativas puertorriqueñas no caen bajo la jurisdicción de ese ente regulador federal de las cooperativas en Estados Unidos.
Pero a preguntas de NotiCel sobre si podría tratarse de un análisis de la salud de las cooperativas locales a la luz de los estándares y procesos de las cooperativas federales, el profesor comentó que ‘si las cooperativas de ahorro y crédito tuviesen que llevar la contabilidad bajo NACUA, olvídate, yo no sé qué cantidad ni qué porciento pero todas estas reglas que se han hecho en el último año y medio no aplican y había que reversar y muy probablemente tendríamos sorpresas y podríamos ver cooperativas de ahorro y crédito bajo insolvencia ipso facto’.
Esto porque las cooperativas tienen en sus carteras de inversión bonos de Puerto Rico que ahora son chatarra pero, por su forma de llevar la contabilidad como entidades sin fines de lucro, la reducción de valor de los bonos no tienen que registrarla como una pérdida. Si tuvieran los estándares de contabilidad de las cooperativas federales, tendrían que registrarlos como pérdidas y eso llevaría el balance financiero de muchas hacia el lado de la insolvencia.
De hecho, cuando se discutió el proyecto que se convertiría en la Ley 220 de 2015, que fue criticada por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados porque permitía un cambio en la forma de reportar esos bonos perdidosos en sus libros, se indicó que, de 116 cooperativas de ahorro y crédito, por lo menos unas 30 se afectaban si no se les permitía cambiar la forma de reportar las pérdidas de los bonos en sus libros contables.
En las vistas para ese proyecto de ley se indicó que las cooperativas tienen 961,628 socios, unos $8,600 millones en activos, $2,300 millones en acciones, $5,800 millones en depósitos, y $4,600 millones en préstamos.
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